Hace muy pocos días, ante un nutrido grupo de representantes del sector convocados a unas jornadas sobre la futura Ley del Cambio Climático organizada por el diario El Economista, el secretario de Estado de Energía dejó con la boca abierta a parte del público. No porque lo que dijera fuera una sorpresa en sí misma, sino porque nadie pensaba que el Gobierno pudiera reconocer públicamente lo que las empresas llevan meses criticando. "Concentrar 8.000 megavatios en apenas tres meses no fue una forma óptima de hacer las subastas", admitía Daniel Navia. La falta de planificación sobre la que las renovables no paran de quejarse.

Con esos 8.000 MW concedidos este año en dos pujas hay otros 700 MW del reparto de principios de 2016, el proceso que inauguró el desbloqueo de las tecnologías limpias. Toda la potencia tiene fecha límite. Como muy tarde, los parques deben estar en funcionamiento para que España alcance en 2020 el famoso cupo del 20% del consumo energético en fuentes limpias. De lo contrario, los millonarios avales depositados por los ganadores de las subastas se ejecutan. Y pierden el dinero.

La urgencia del Gobierno, que hasta hace muy poco defendía públicamente que había potencia de sobra en el país, choca con el riesgo de caducidad de las solicitudes de conexión a la red eléctrica para evacuar la producción de muchos proyectos, autorizados ya, que servirían para desarrollar ahora la potencia subastada. Eso y la avalancha de peticiones nuevas que pueden llegar en tan poco tiempo. Por eso a Energía no le ha quedado otro remedio que abrirse al sector para pedirle ideas para solucionar la situación y evitar un atasco. El ministerio abrió una consulta pública previa para preparar un real decreto con el procedimiento de acceso a la red.