La Xunta decidió mover ficha para intentar frenar la marcha de empresas gallegas -especialmente del sur de la comunidad- a Portugal y que los municipios del norte luso se convirtiesen en destino preferente de las inversiones de empresas extranjeras proveedoras de la industria gallega. El pasado mes de julio presentó la Lei de Fomento de Implantación Empresarial que ayer inició su tramitación en el Parlamento como un "cajón desastre", como la definió el BNG, al introducir modificaciones que pretenden allanar el camino a la apertura de proyectos mineros, la instalación de parques eólicos y la tala de explotaciones forestales, sectores que sin embargo no han sido especialmente desarrollados en Portugal.
La iniciativa avanzada en julio pretendía ofrecer suelo industrial bonificado y con facilidades de pago, desarrollar "polígonos a medida", rebajar impuestos municipales para la implantación de empresas en concellos sin presencia industrial y reducir a la mitad los trámites autonómicos para iniciar una actividad. El objetivo era hacer frente con "calidad e innovación" a las "ofertas de bajo coste" de Portugal y mejorar el atractivo de Galicia ante posibles inversores internacionales, como los grupos chinos, que entraron en el sector conservero o siderúrgico.
El proyecto de ley recibió ayer el único apoyo del PP y las críticas de la oposición a una norma que equiparan al "colonialismo" y al "capitalismo de amiguetes". Porque a los objetivos de "reducir burocracia" para la implantación de empresas, facilitar el acceso al suelo empresarial e impulsar rebajas fiscales a través de los ayuntamientos, defendidas ayer por el diputado popular Miguel Tellado, el texto incorpora cambios para "liberalizar" otros sectores como el eólico, el minero y el forestal, además de autorizar la planta de compostaje en Sogama.
Y todo ello se tramita mediante una proposición de ley impulsada por el PP y por el trámite de urgencia, una vía que ha sido criticada por la oposición que apunta que, de esta manera, el Ejecutivo "se salta los preceptivos informes y controles" a los que hubiera sido sometido el proyecto si es presentado por la Xunta.
El promotor de la iniciativa, el grupo parlamentario popular, explica que se busca "convertir a Galicia en un lugar más atractivo" para las empresas y competir "con el rival más inmediato" de la comunidad autónoma, que es el Norte de Portugal. "Simplificar, liberalizar y potenciar", son las tres palabras con las que el PP defendió en el pleno del Parlamento esta norma, una de las "más ambiciosas" de la legislatura.
El Ejecutivo de Núñez Feijóo quiere que la tramitación de los distintos permisos a determinadas actividades se realice a la vez. El proyecto legislativo dedica por ejemplo un capítulo entero a reducir las trabas a la implantación de parques eólicos y a su conexión con la red eléctrica y otras actividades con la tramitación conjunta de la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental en proyectos sometidos a estos permisos y modifica las competencias de Augas de Galicia en la tramitación y seguimiento de la autorización ambiental integrada. La Xunta crea además el Registro Eólico de Galicia que debe recoger los parques en funcionamiento y los que están pendientes de desarrollo.
El texto introduce además entre las 16 disposiciones finales la modificación -para simplificarla- de la normativa sectorial de Galicia aplicable a la implantación y el desarrollo de iniciativas empresariales relacionadas con el aprovechamiento de la energía eólica, la minería o los aprovechamientos madereros. El texto reducirá por ejemplo de 30 a 20 días hábiles el plazo de exposición pública de los que los proyectos regulados por la Lei 9/2010, de Augas de Galicia en materia de ejecución y explotación de infraestruturas hidráulicas. Entre estas modificaciones se encuentra por ejemplo introducir un único plazo de exposición pública a los proyectos mineros una vez que todas las administraciones que tienen que emitir informes los hayan terminado. Los propietarios de explotaciones forestales también verán simplificados los trámites al sustituirse la autorizaciones que antes se exigían para las talas por declaraciones responsables de los titulares de las explotaciones.
Debate
Para el PP gallego "estar en contra del Gobierno es lo mismo que estar en contra de Galicia". Miguel Tellado explicó en el pleno que esta ley permitirá "reducir a la mitad" los trámites para nuevos proyectos. "La administración no debe ser una fábrica de trabas de la actividad económica", señaló. Y añadió que se fomentará la venta de suelo "en la situación más ventajosa posible".
Pero la oposición cree que esta ley "solo beneficia a las grandes empresas" y que se eliminan garantías medioambientales al simplificar la tramitación de los proyectos. El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, denuncia que se busca convertir a Galicia "en Katanga" para "especializar este país en venta de materias primas baratas, a través de una desregulación ambiental y desprotección del patrimonio".
Desde el PSdeG, Abel Losada cargó contra una ley "profundamente ideológica" que abre la puerta a la "desregulación y justifica la privatización". El diputado socialista criticó además que en 82 páginas del proyecto de ley no aparecen palabras como investigación e innovación.
El BNG definió la norma como "una ley caballo de Troya para que las empresas "hagan con el país lo que les dé la gana". La parlamentaria nacionalista Noa Presas critica que, a través de este texto, se modifiquen "discrecionalmente" numerosas leyes "sin consenso ni participación".
