Ocho horas y media ininterrumpidas, casi una jornada laboral, llevó ayer a los representantes de las distintas patronales afectadas por el convenio del metal de la provincia de A Coruña y los portavoces del sector en Comisiones Obreras, UGT y CIG acercarse a un acuerdo que de confirmarse pondrá fin a tres años de conflicto, enconado en el último, y a la campaña de movilizaciones que desde hace meses protagonizan los 20.000 trabajadores coruñeses afectados por el convenio. El pacto, que recoge un alza salarial acumulada del 8,1% en todos los conceptos del sueldo entre 2015 y 2019, llegó casi 24 horas después de que CCOO y UGT convocasen una huelga indefinida que tenían previsto iniciar el próximo martes, día 19.
La huelga ha sido desconvocada pero el acuerdo definitivo no llegará hasta que los afiliados y los órganos de dirección de los dos sindicatos de ámbito estatal ratifiquen el pacto, algo más que previsible a la vista de la satisfacción mostrada por sus portavoces. La CIG evitó firmar el principio de acuerdo hasta que sus afiliados lo respalden en las asambleas a celebrar en los próximos días. El sindicato nacionalista no apoyó la huelga indefinida y proponía paros en días alternos.
El pacto provisional prevé una subida salarial del 0,5% para 2015; de un 1,6% para 2016 y de un 2% para 2017, 2018 y 2019. Las empresas tendrán además que entregar una paga extraordinaria equivalente al 2,1% del salario tomando como referencia las tablas de 2014 para compensar el no abono de atrasos en 2015 y 2016. Los trabajadores logran además una cláusula de revisión salarial del 1,5% para 2017 y 2018 y del 2% para 2019, lo que significa que todo incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) real que se produzca sobre estos porcentajes tendrá que aplicarse como subida adicional al salario de los empleados el año siguiente.
El metal coruñés logra además de la recuperación del poder adquisitivo una conquista a medias en dos de los aspectos que más preocupaban al sector; las subcontratas y el poder de veto sobre las mutuas. La obligación impuesta en las Administraciones Públicas de subrogar a los trabajadores de las contratas en servicios de mantenimiento cuando se produce un relevo en la empresa prestataria se extiende con este convenio a las empresas públicas, a las que sean adjudicatarias de una concesión administrativa o de un contrato público. Patronal y sindicatos crearán sin embargo una comisión paritaria para analizar la subrogación en otros sectores e incorporarla al próximo convenio colectivo. Esta cuestión era de vital interés para las contratas de grandes empresas de telefonía o eléctricas.
En cuanto a las mutuas la solución es similar, una comisión paritaria evaluará a nivel global -y también dentro de las empresas- la eficiencia de las mutuas patronales y de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En estas comisiones, las dos partes podrán acordar enviar una queja a la mutua si el servicio es insatisfactorio, independientemente de las que los representantes de la plantilla puedan hacerle llegar. El personal podrá proponer además a la empresa o patronal la cancelación del contrato con la firma incumplidora.
Otra comisión paritaria analizará los acuerdos a alcanzar con las empresas auxiliares de Navantia y en caso de conseguirse avances, serán incorporados al convenio general del sector.
El convenio del metal abarcará además las actividades de conservación, corte y reposición y lectores de contadores eléctricos y a los trabajadores de empresas de multiservicios que desempeñen sus funciones en el sector. Las dos partes sellarán previsiblemente la paz social hasta el fin de 2019 (un año más de lo previsto) a cambio además de que el porcentaje mínimo de personal indefinido en las empresas sea del 60%, y de un conjunto de mejoras sociales.
