La CIG no firmará el convenio del metal de la provincia de A Coruña propuesto en el preacuerdo alcanzado entre las organizaciones patronales del sector y Comisiones Obreras y UGT. El sindicato consultó a última hora del lunes a los trabajadores del sector que tiene afiliados en las comarcas de A Coruña, Ferrol y Santiago, y una "mayoría absoluta" votó a favor de rechazar la propuesta de acuerdo por considerarla insuficiente, tal y como había avanzado en declaraciones a este diario el secretario comarcal del metal en la comarca coruñesa, Eduardo Caamaño.

La CIG es el sindicato mayoritario en el sector del metal de A Coruña, con un 34% de los representantes, y también en la mesa de negociación, con 6 de los 15 representantes. UGT tiene 5 vocales y CCOO, 4, por lo que si las asambleas de estas centrales apoyan el preacuerdo en una decisión previsible y coherente con la consecución de ese entendimiento, el convenio saldrá adelante con la mayoría de los votos. Los sindicatos de ámbito estatal finalizarán las asambleas para votarlo a lo largo del día de hoy, y decidirán si respaldan el convenio que prevé una subida salarial global del 8,1% hasta 2019 y la recuperación de cláusulas de revisión salarial en caso de que los precios (el IPC) se disparen por encima del 1,5% en 2017 2018 y del 2% en 2019.

Para el sindicato nacionalista, el preacuerdo alcanzado a última hora del viernes tras ocho horas de reunión con un mediador de la Xunta, es una "traición a todo el sector del metal dirigida por la UGT y con CCOO de orejas gachas" que rompe con la "plataforma sindical conjunta" que se mantuvo durante todo el conflicto. En un manifiesto elaborado ayer, tras la celebración de las asambleas de trabajadores, la federación de industria de la CIG sostiene que el preacuerdo del viernes "está muy lejos de los objetivos que llevaron a la huelga y califica de "pantomima" la convocatoria del paro indefinido "unilateral" que CCOO y UGT realizaron un día antes de cerrar ese principio de acuerdo. Para este sindicato, el preacuerdo acaba con las aspiraciones de eliminar la precariedad del sector, al no incluir la eliminación de la cláusula que permite a las empresas recurrir a ETT em periodos punta; los complementos salariales para personal desplazado; subrogación obligatoria para las empresas de mantenimiento de sectores energético, de telecomunicaciones e industrial; la incorporación al convenio de los acuerdos salariales alcanzados en las auxiliares de Navantia, o el control de las mutuas, cuestiones que quedan en manos de una comisión paritaria "sin contenido ni valor real". Una vigencia tan prolongada, entiende la CIG, -el convenio estaba planteado para tres años y el preacuerdo lo amplía a cinco- está pensada para "enfriar al sector".