El Ministerio de Hacienda y Función Pública ofreció un incremento salarial de hasta el 7% en los tres próximos ejercicios, a los sindicatos más representativos del sector público (CCOO, UGT y CSIF). De los 3 millones de funcionarios que se beneficiarán de estas alzas en su retribución, 179.200 serán gallegos.

Según fuentes conocedoras de la negociación, el incremento podría contener una parte fija, que partiría de un 1,5% (idéntica a la subida aprobada este martes por la Mesa del Senado para los senadores y los empleados de la Cámara Alta) y otra variable ligada a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), que en ningún caso superaría el 2% de incremento anual.

La reunión tuvo lugar después de que el jueves pasado se evidenciasen las discrepancias entre Hacienda y los sindicatos sobre el incremento y se avanzase en cambio en materia de empleo. Hacienda ofreció una subida moderada del sueldo de los funcionarios para el año 2018 y un incremento más abultado para el 2019 y el 2020.

Hacienda cifra en 1.120 millones de euros el coste que supone cada punto de subida salarial para los tres millones de funcionarios y empleados públicos en España, por lo que con ese margen la subida "no podría superar en ningún caso el 2%" al año, según indicaron los sindicatos en la última reunión. La cifra definitiva se fijará definitivamente en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Pública.

Las nuevas alzas en los salarios de los empleados públicos se materializarán en casi 200 euros más al mes en 2020. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2015, los funcionarios cobran, de media 2.586 euros al mes. Con un 7% la cifra escalaría a los 2.767 euros, 181 euros más, a pesar de no contabilizar los aumentos de los dos últimos años. El aumento de los sueldos de cara a los tres próximos años será el tercer alza consecutivo tras los incrementos del 1% aprobados tanto para este año como para el ejercicio 2016. Sin embargo, los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, que cifran entre un 13% y un 20%.