España dejó de ingresar un total de 2.503 millones de euros del IVA en 2015, el 3,52% de lo que debería haber recaudado, debido a actividades fraudulentas, evasión fiscal, quiebras de empresas o errores estadísticos, según un estudio publicado ayer por la Comisión Europea. La cifra total de los ingresos perdidos se redujo sin embargo a más de la mitad respecto a la del año precedente, cuando alcanzó los 5.757 millones de euros. El porcentaje total de recaudación perdida por fraude y errores respecto al total de los ingresos por IVA descendió en España en nueve puntos porcentuales en cuatro años y, de hecho, se trata del país de toda la UE que en términos relativos que menos dinero pierde (3,5%). La estimación de la Agencia Tributaria de España sitúa la brecha fiscal en el IVA en 1.120 millones de euros en 2015, hasta el 1,6%, desde el 3,8% que registró en el ejercicio anterior. Conforme a esta estimación, la brecha de España habría descendido del 11,1% de 2011, al 7% en 2012, al 6,3% en 2013, al 3,8% en 2014 y al 1,6% en 2015.

La AEAT alega que la Comisión no incluye directamente los cálculos realizados por España por la imposibilidad de comparar las cifras, ya que el resto de países no han aportado otros cálculos realizados con la misma metodología que España. El informe del Ejecutivo comunitario sobre la brecha del IVA, la diferencia entre los ingresos por IVA previstos y el IVA realmente recaudado en los Estados miembros, señala que el conjunto de la Unión Europea perdió cerca de 152.000 millones en ingresos de IVA en 2015, un montante que supone el 12,8% de la cantidad total que tendría que haber sido recaudada por todos los países de la UE, su menor nivel desde 2011.

La Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara aprobó ayer por otra parte -con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones- la nueva Fiscalía europea que se encargará de investigar y perseguir el fraude y otros delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión.

La nueva Fiscalía podrá actuar con celeridad en casos transfronterizos incluido el fraude al IVA o por el uso de ayudas de la UE como los fondos estructurales sin tener que esperar a que se cumplan los procedimientos de cooperación judicial habituales. En la actualidad sólo las autoridades nacionales tienen competencia para perseguir el fraude contra la UE, pero dentro de sus fronteras.