La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por supuesto blanqueo de capitales, al considerar que hay indicios de que ha tenido "sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública".

Los magistrados estiman así parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento, el pasado 24 de mayo, de esta pieza separada, si bien acuerdan que se mantenga el archivo provisional del delito de cohecho, incluido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe, ya que no ven suficientes los indicios aportados.

Aunque reconocen que hubo relaciones mercantiles entre las empresas privatizadas y las sociedades de Rato, "en modo alguno es posible afirmar con una certeza razonable que esas relaciones comerciales tienen como punto de partida la comisión de un delito de cohecho".

Los indicios aportados por la UCO de un supuesto cohecho cometido por Rato en la época en la que fue ministro de Economía (1996-2004) "no son lo suficientemente reveladores del delito" ni permiten aclarar si usó "su posición privilegiada de numerosas empresas públicas" para influir en el nombramiento de sus presidentes.

En cuanto al delito de blanqueo, sí ven indicios suficientes de que Rato empleó sociedades domiciliadas en el extranjero (Vivaway y Kradonara) utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias (sin actividad social conocida) y "cuyo fin último se adivina sin esfuerzo, defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían así ocultas al Fisco".

La Audiencia recuerda que a partir de 2006 Westcastle y Red Rose canalizaron los fondos que manejan a través de las sociedades Vivaway y Kradonara, investigadas como supuestos instrumentos para la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública. Dado que todas ellas pertenecen "a la misma persona", Rato, interesa saber qué cantidad de dinero llegó de las dos primeras a las segundas, una cifra que la UCO sitúa en unos 8 millones.

Otros procesamientos

Mientras, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del exconsejero de Bankia José Antonio Moral Santín y del socio auditor de Deloitte Francisco Celma en la causa sobre la salida a Bolsa de la entidad.

Sobre Celma, la Sala confirma su procesamiento dado que en su función de auditor "procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección de las cuentas de Bankia" siendo "indudable" que sin dicha revisión las autoridades reguladoras y supervisoras no la hubieran permitido operar en el parqué bursátil".