El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital propone en un documento abierto reducir de un año a cinco meses el periodo de vigencia de la subasta de interrumpibilidad eléctrica, el sistema de reparto de las primas a empresas grandes consumidoras de energía a cambio de que reduzcan o suspendan su consumo eléctrico cuando el sistema no logra atender la demanda. Los responsables de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) mostraron ayer su inquietud "ante la incertidumbre" que implica el borrador de orden para regular la próxima subasta de la interrumpibilidad. "La producción industrial no se planifica a cinco meses vista -denuncian-. Y lo peor es que no dicen nada para el resto del año", añaden los responsables de AEGE. El proyecto de orden, sin embargo, señala que podrían celebrarse nuevas pujas a lo largo del próximo ejercicio. El periodo de vigencia de las primas, del 1 de enero al 31 de mayo, lo será "sin perjuicio de que posteriormente puedan celebrarse otras subastas durante la temporada eléctrica 2018", establece el texto.

De hecho, el borrador apunta que el Gobierno propone un periodo inferior a un año "por considerarse más adecuado y que se ajusta más eficazmente al contexto energético en estos momentos". Y añade que el Ejecutivo prevé la reforma del sistema de asignación de la interrumpibilidad "para adaptarlo a la normativa comunitaria", para lo que deberá consistir en un proceso competitivo, "tal y como indica también el informe sobre la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad, publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2016".

La plantilla coruñesa de Alcoa -la gran industria más dependiente de un precio asequible de energía- opina de manera similar a la patronal del sector al considerar que esa reducción de la vigencia de la subasta genera "una incertidumbre innecesaria: "Lo ideal, si el objetivo del Gobierno es reformar el sistema de adjudicación de las primas, sería prorrogar la situación actual o una subasta a un año, como en los últimos, para dar más certidumbre. Lo que es incomprensible es que haya tardado tanto en decidir qué hacer, porque desde noviembre del año pasado no hubo novedades", sentenció el presidente del comité de empresa de la fábrica coruñesa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho.

El hecho de que el borrador del Ministerio de Energía -aún está sin aprobar- apunte a que el objetivo final es preparar un periodo de transición que permita a España adaptarse a lo dictado por la Unión Europea en noviembre de 2016 es lo único que aporta algo de tranquilidad a los sindicatos, que lo ven como una "moratoria", pero aún así critican la demora. "El Gobierno ha tenido tiempo para hacerlo. Eso es lo que más nos enfada, que lo hace todo tarde, mal y a rastras. Y a ver si la reforma cumple con nuestras reivindicaciones o se queda en un mal parche", señaló López Corbacho, que sostuvo que adaptar la normativa a los criterios europeos es "muy fácil": "Hay modelos del sistema eléctrico, como el de Alemania, que serían fáciles de copiar".

La propuesta del Ministerio de Energía señala que la experiencia adquirida durante los años en que la orden anterior ha estado vigente [2013-2017], "pone de manifiesto la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la misma". De hecho, la vicepresidenta de la Comisión del Mercado de la Energía, María Fernández, ya había manifestado este verano durante una visita a España la necesidad de cambiar las reglas de la tarifa.

Los sindicatos llevan años reclamando que las actualizaciones que propone el Gobierno deben alargar el periodo de aplicación de la subasta (no recortarlo) porque consideran que, de otro modo, las grandes industrias volverían a vivir en el alambre. Alcoa, tras la primera subasta en la que salió perjudicada, presentó un expediente de extinción de contratos que implicaba el cierre de las factorías de A Coruña y Avilés (Asturias). Finalmente, tras la celebración de una puja extraordinaria, retiró el despido colectivo para los cerca de 1.000 trabajadores que sumaban las dos plantas.

La interrumpibilidad es un producto que compra el operador del sistema energético a las grandes consumidoras: por la posibilidad de un corte reciben dinero.