La empresa de servicio postal Unipost, que solicitó voluntariamente el concurso de acreedores el pasado julio, presentó ayer en el juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afecta a toda su plantilla, más de 2.200 trabajadores en España. El despido colectivo afectaría a cerca de 150 empleados en Galicia, unos 30 en la ciudad de A Coruña, según los datos aportados por la sección coruñesa del sindicato CGT en Unipost.
El bufete de abogados Jausas, que ejerce de administrador concursal, comunicó la decisión a los representantes sindicales de la empresa y alegó que se vio obligado a tomar esta decisión ante "la grave situación económica por la que atraviesa la compañía".
El despacho de abogados matizó que, pese a que el despido colectivo afectará a todos los profesionales de la firma, su objetivo y el de la empresa es dar continuidad a la actividad de Unipost "a través de la venta de la unidad productiva a una empresa del sector o a un fondo de inversión". Esta operación permitiría que parte de los trabajadores se viesen desafectados y que se mantuviesen parte de los empleos existentes.
"A pesar de esta medida, indispensable por la situación de tesorería actual de Unipost, somos optimistas porque en este momento hay varios operadores interesados en la adquisición de la empresa", señala Laia Folguera, abogada de Jausas y responsable de la administración concursal de la firma de servicios postales propiedad de la familia Raventós. La nota emitida por el bufete de abogados recuerda además que la compañía solicitó el concurso de acreedores el pasado 12 de julio con unos activos de 40,6 millones de euros y una deuda de 47,4 millones.
La dirección de Unipost, por su parte, envió otra notificación a la plantilla en la que, además de lo señalado por la administración concursal, muestra su confianza en que la firma podrá superar "esta nueva situación con la colaboración de trabajadores, franquiciados, proveedores, clientes, instituciones e inversores".
Los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores, según apuntaron distintos representantes sindicales.
Unipost es el principal operador privado del país y mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan de viabilidad que permitiera redimensionar la plantilla a las actuales necesidades del negocio.
La compañía, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, presentó varios expedientes de regulación de empleo en los últimos años para ajustar su plantilla y, a principios de 2016, logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.
La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos que recoge su página web, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y también realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo a nivel mundial. Además, cuenta con 65 centros de trabajo en toda España, entre ellos varios en Galicia: A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense, entre otros.
La empresa que preside Antón Raventós fue relacionada con el proceso independentista catalán en los últimos años. El pasado septiembre la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1 de octubre (1-0), suspendido por el Tribunal Constitucional, durante un registro en varias oficinas de Unipost en Cataluña.
