El endeudamiento del conjunto de las administraciones españolas alcanzó a finales del segundo trimestre de este año un nuevo récord en términos absolutos (1,138 billones de euros, 31.000 millones más que a la misma altura de 2016), si bien el crecimiento económico ha hecho posible que la proporción que representa esa cantidad sobre el producto interior bruto (PIB) se atenuara hasta situarse en el 99,8%. Ese es uno de los indicadores más utilizados para medir la carga que supone la deuda y la capacidad de un territorio para afrontarla. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aporta otro cálculo que para el caso de Galicia tiene el siguiente resultado: amortizar la deuda que corresponde a la comunidad (la autonómica más la participación en los débitos estatales) requeriría dedicar a ello todos los ingresos que por su trabajo recibe cada gallego durante un periodo superior a un año (368 días). El esfuerzo que sería necesario para abonar solo la deuda emitida por la Xunta se rebajaría considerablemente, hasta los 69 días, y se situaría entre uno de los más bajos del país. Solo se vería superado por los 52 días de Madrid, los 53 de País Vasco y los 56 de Canarias. Galicia quedaría empatada con Asturias. El peor dato es para Castilla-La Mancha, cuyos ciudadanos tendrían que destinar 134 días de trabajo para pagar su deuda autonómica.
El citado organismo, creado en 2013 por indicación de la UE para realizar un control independiente de las cuentas públicas, desagrega así la factura en jornadas de trabajo: 69 días para pagar la deuda gallega y 299 para la cuota en el endeudamiento de la Administración central y la Seguridad Social, que se calcula de acuerdo con la población de cada comunidad. Esos datos figuran en un informe de la Autoridad Fiscal donde examina la evolución de la deuda española y proyecta cuál puede ser su comportamiento futuro. En los siguientes puntos se exponen sus principales conclusiones.
►Por administraciones. La deuda pública está repartida así entre los distintos niveles del sector público: el 72% es de la Administración central; el 25%, de las autonomías, y el 3% restante, de los municipios. En el último año, la ratio de deuda autonómica, la única que ha subido, excedió por primera vez el 25% del PIB, aunque el comportamiento de las comunidades no ha sido uniforme.
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►Por comunidades autónomas. La Autoridad Fiscal expone que, entre junio de 2016 y el mismo mes de 2017, la ratio de endeudamiento aumentó singularmente en Cantabria, Extremadura y Murcia y descendió en Navarra y Asturias. El pasivo de la Administración gallega (11.363 millones, segunda cifra más alta de la historia, solo superada por los 11.582 millones del primer trimestre) equivale al 19,1% del PIB, cuatro décimas por encima del nivel de hace un año. Como ocurre con el conjunto del Estado, el crecimiento económico ayuda a aligerar la intensidad de la deuda aunque ésta haya aumentado en términos absolutos. El endeudamiento de la autonomía es, en todo caso, inferior a la media nacional y singularmente a los que presentan las comunidades en peor situación: Comunidad Valenciana (41,8% del PIB), Castilla-La Mancha (36,6%), Cataluña (35,5%) y Baleares (30,7%). Las posiciones más bajas corresponden a Madrid (15,1%) y a tres territorios que disponen de financiaciones reforzadas: País Vasco (15,3%), Canarias (16,7%) y Navarra (19,3%).
►Enchufados al FLA. El alto nivel de deuda pública limita e incluso anula la capacidad de varias autonomías de financiarse en el mercado (emitiendo bonos o contratando préstamos) y acentúa su dependencia de los mecanismos de apoyo del Estado (Fondo de Liquidez Autonómica), con las condiciones que conlleva (planes de ajustes, entre ellas). Las autonomías que más enchufadas están a esos mecanismos son la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Cataluña. La Autoridad Fiscal cree que esa dependencia se acentuará sobre todo para valencianos, catalanes y castellano-manchegos.
►El futuro. Las reglas de la UE determinan que las cuentas públicas de los países son sometidas a vigilancia especial y a la obligación de realizar ajustes (protocolo de déficit excesivo) cuando el desfase presupuestario supera el 3% del PIB. Ese mismo protocolo se puede activar si la deuda pública es elevada (por encima del 60% del PIB) y no se ha reducido en los tres años precedentes a una velocidad determinada. El endeudamiento español escaló desde el 35,5% del PIB en 2007 al entorno del 100% PIB. ¿En qué dirección va ahora? Considerando un escenario económico que llama "neutral", la Autoridad Fiscal ha pronosticado que la deuda española seguirá una senda "levemente decreciente" de modo que no bajará del 60% del PIB al menos hasta 2035. El organismo maneja un escenario peor: en el supuesto de que la prima de riesgo suba a doscientos puntos básicos (hoy está en 120) en el horizonte de 2020 y de que se ralentice el crecimiento del PIB, el endeudamiento se estabilizaría en torno al 95% del producto interior bruto, "con riesgos serios de sostenibilidad".
