La Audiencia Nacional condenó a cuatro integrantes de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a hasta cuatro años de prisión por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, lo que "vulneró" la imagen de la entidad en momentos de grave crisis.
La sección cuarta de la sala de lo Penal impone la máxima pena, cuatro años, al ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, como autor tanto de un delito continuado de falsedad contable como de falsedad en la información a los inversores por ser el responsable de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) los resultados intermedios de la caja. La sala lo culpa en una sentencia conocida ayer de comunicar un beneficio "inveraz" de 39,8 millones en el primer trimestre de 2011 con el propósito de conseguir captar "inversores confiados en la solvencia aparente" de una CAM atractiva en un momento en que atravesaba "una gran crisis".
Los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós fueron condenados a tres años de cárcel por falsedad contable. Según los magistrados, todos practicaron conductas "tendentes" a distorsionar las cuentas, al intentar "esconder o, al menos, maquillar" la grave crisis de la CAM, que el 22 de julio de 2011 tuvo que ser intervenida por el Banco de España víctima de un "agujero patrimonial" generado por la inversión en el "ladrillo". En este sentido, apuntan al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, al que imponen dos años, nueve meses y un día de prisión.
Los jueces responsabilizan a los condenados de unas irregularidades que permitieron arrojar beneficios a marzo de 2011 en lugar de los 1.163 millones de pérdidas y una ratio de morosidad del 19 %, evidenciados tres meses después tras la reexpresión contable por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB). A esto contribuyeron las operaciones de titulización realizadas a lo largo de 2010 y que tuvieron "gran incidencia" en las cuentas del periodo.
La sala advierte de que no se acreditó que los inversores que suscribieron cuotas participativas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011 lo hicieran fiándose de la "supuesta e irreal situación" de la CAM y "menos aún" que los acusados maniobraran artificiosamente en su propio beneficio, de la entidad o de terceros.
