El Tribunal de Cuentas acusó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a los sindicatos CCOO y UGT de organizar el reparto de las subvenciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de una forma de dudosa legalidad ya que formaban parte del patronato que concedía las ayudas. El órgano acusa a estas organizaciones de diseñar el reparto de subvenciones públicas con el fin de recibir los fondos en el Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales 2015. El Tribunal destaca que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lo lleva a asegurar que existe un "reparto previo" de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO.
"El patronato de la Fundación fue juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas", sostiene el Tribunal, que asegura que se cambiaron reglamentos aplicables para adaptarlos a acciones ejecutadas por las organizaciones.
El órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda también informa de que detecta "múltiples incidencias" que llevan a cuestionar la dedicación de estos fondos a su finalidad, como la ausencia de soporte documental para acreditar los trabajos.
El Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que desarrolle la normativa de la fundación después de detectar incidencias en la regulación, gestión, liquidación y control de las acciones y de los recursos destinados a financiarlas y considera que "sería deseable" que el propio patronato estudiase las necesidades reales de empresas y trabajadores, determinase las actuaciones y estableciese indicadores de resultados para cada acción financiada. Esto, según el organismo, permitiría verificar la evaluación de su contenido técnico, eficacia, economía y eficiencia y no solo su ejecución.
