La resolución del Banco Popular encara un nuevo frente legal después de que la Justicia haya comenzado a estudiar la admisión a trámite de la demanda de concurso necesario de acreedores interpuesta por uno de los 300.000 accionistas y tenedores de deuda que perdieron sus inversiones a consecuencia de la operación de intervención y venta del banco al Santander. El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid será el encargado de decidir si, de acuerdo con la Ley Concursal, procede declarar el concurso de la entidad o, por el contrario, nombra un experto que valore los activos del Popular a fin de indemnizar a los perjudicados por su resolución.
La demanda, basada en la idea del juez Fernando Presencia, reclama de forma subsidiaria la designación de una administración concursal como establece el artículo 174 de la Ley Concursal.
