La Fiscalía de Barcelona defiende la competencia de los juzgados españoles para investigar demandas interpuestas por los accionistas del Banco Popular, entidad que "proporcionó datos sobre su estado financiero que no se correspondían con el real" en la oferta de la ampliación de capital.
En un escrito al que tuvo acceso Efe, la fiscal rechaza la declinatoria presentada ante el juzgado de Primera Instancia número 35 de Barcelona por el Popular, que alegaba falta de jurisdicción nacional, al considerar la posible existencia de un vicio del consentimiento en el contrato de compra de acciones de la ampliación de capital de 2016 suscrito por el demandante. Sobre éste, destaca el Ministerio Público que "como en otros tantos casos" pertenecía al tramo minorista que acudió a la operación atraído por unos datos sobre la situación del Popular "que no se correspondían con el estado real".
El Popular sostenía que España carece de jurisdicción en este proceso y que le correspondería juzgarlo al tribunal europeo.
