Una de las fórmulas más sencillas de calibrar el grado de empleo sumergido existente en una comunidad es comparar los datos de los profesionales que aseguran tener un trabajo -estadística recogida en la Encuesta de Población Activa (EPA)- con los de aquellos que están ocupados oficialmente, los que aparecen dados de alta en la Seguridad Social. Ese cruce de cifras deja a Galicia con más de 80.000 trabajadores irregulares a cierre del pasado mes de septiembre pues la comunidad contaba con 992.260 cotizantes ese mes pero los profesionales que aseguraban estar ocupados en el tercer trimestre del año, según la EPA, eran 1.072.500. Una diferencia que, en caso de estar regularizados esos más de 80.000 empleos, supondría elevar un 8% la nómina gallega de afiliados a la Seguridad Social.

Pese a que la cifra de puestos de trabajo irregulares en Galicia es alta, se trata de la más baja registrada desde el inicio de la crisis, a lo que pueden haber ayudado tanto las campañas desarrolladas en los últimos años por los Ministerios de Hacienda y Empleo para luchar contra la economía sumergida como la propia dureza de las dificultades económicas, que provocó la destrucción de empleos tanto declarados como irregulares.

La comunidad gallega cuenta en la actualidad con esos 80.000 puestos de trabajo en negro, pero se trata del menor volumen desde que comenzaron las dificultades económicas, tras un descenso del 40% en estos nueve años en los que se produjeron dos recesiones. Al inicio de la crisis, en septiembre de 2008, Galicia contaba con 1.081.933 afiliados a la Seguridad Social, pero los profesionales que aseguraban estar ocupados (según la EPA del tercer trimestre de 2008) eran más de 1.216.000, lo que deja como resultado que más de 134.000 gallegos trabajaban pero no cotizaban, con lo que escapaban al control de la Administración y no realizaban ningún tipo de aportación a las arcas públicas, lo que contribuía a mermar las ya raquíticas cuentas de la economía española.

Desde 2008 el descenso en el número de empleos sumergidos en Galicia fue casi continuo, al pasar de esos 134.000 a 117.000 a cierre de septiembre de 2009 y a 102.000 al año siguiente. En 2011 repuntó levemente, hasta 103.000, al igual que un año después (104.000), pero en 2013 retomó la tendencia a la baja al caer hasta los cerca de 86.000 puestos de trabajo irregulares, frente a los 80.600 de un año después, para volver a subir levemente en 2015 (81.500) y de forma más acusada el pasado ejercicio (85.000).

Pese a este descenso en el trabajo irregular desde el inicio de las dificultades económicas, Galicia está entre las comunidades que más empleo sumergido registran, solo superada por tres autonomías. La que lidera la clasificación es Comunidad Valenciana, con 239.000 ocupados sin dar de alta en la Seguridad Social, seguida de Castilla-La Mancha, con casi 102.000, y Canarias, con 84.300 profesionales que cuentan con un trabajo pero escapan al control de la Administración. Mientras, empatada con Galicia, también con 80.000 trabajadores irregulares, aparece Castilla y León, mientras que una comunidad como Andalucía, que tradicionalmente se asocia con un mayor empleo sumergido, queda muy lejos, con poco más de 30.000 ocupados de diferencia entre los registrados por la Seguridad Social y los recogidos en la Encuesta de Población Activa.

En el lado contrario, sin puestos de trabajo irregulares e incluso con más cotizantes que profesionales que en la EPA aseguran estar ocupados, aparecen tres comunidades: Madrid, País Vasco y Extremadura.

La comunidad madrileña tenía en septiembre del presente ejercicio 3.004.000 cotizantes, casi 62.000 ocupados más que los 2.942.400 que contabiliza en el tercer trimestr del año la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. País Vasco, por su parte, cuenta con casi 20.000 afiliados más que ocupados que afirman estar trabajando y Extremadura con más de 16.000, al sumar 385.280 profesionales dados de alta en la Seguridad Social en septiembre y 369.000 personas con trabajo según la Encuesta de Población Activa.

El balance en el conjunto del Estado es, sin embargo, negativo pues la mayoría de autonomías registra empleo sumergido. España cuenta con 18.336.000 cotizantescotizantes, pero la EPA revela que hay 19.049.000 ocupadosocupados, por lo que son más de 713.000 los trabajadores irregulares que escapan al control de la Administración, el equivalente al 4% de la nómina de cotizantes.