Aunque el Santander va a estudiar otra reducción de las cifras, la primera fase del ajuste de plantilla que negocia con los sindicatos para digerir la absorción del Popular prevé 179 afectados en Galicia. Solo en servicios centrales y departamentos vinculados. A la red le tocará en 2019, cuando culmine la integración informática de las dos entidades. Suman 2.300 trabajadores en la comunidad, territorio de gran presencia para el grupo por la fuerte implantación de su filial Pastor, que arrastra ya un adelgazamiento considerable desde la compra del Popular en 2011. Esta operación y la frustrada fusión de Caixanova y Caixa Galicia explican por qué la comunidad es una de las más vapuleadas por la reestructuración financiera en España. El sector sigue cerrando oficinas y recortando personal. En los últimos doce meses, la banca prescindió en la autonomía de casi 400 empleados y acumula un descenso de 5.428 desde el inicio de su reconversión.

La media de afiliados a servicios financieros en octubre en Galicia se situó en 9.486, según los últimos datos de la Seguridad Social. Un año antes eran 9.880. Un trabajador menos cada día. La externalización de servicios y la venta de negocios como el ladrillo elevan en 200 los empleados en auxiliares.

"Solo entre las dos cajas gallegas y el Popular estimamos que el recorte estos años fue de 4.000 personas y todo indica que se va a seguir reduciendo", asegura Francisco Villares, secretario xeral del Sector Financiero en CCOO-Servizos. "¿Hasta qué punto? No lo sabemos -continúa-. Pero ocurra lo que ocurra, hay una línea roja: no se puede hacer nada sin negociación y con medidas traumáticas".

"Lo peor es que no se ha acabado", opina también Javier Castro, responsable de banca de UGT en Galicia, que recuerda que el "coste social" incluye también "a los que siguen en las entidades y deben afrontar el doble de carga de trabajo". "Miro las oficinas y sigo viendo colas. Personas que tienen que esperar 40 minutos para hacer una gestión", señala, convencido de que la nueva justificación para los recortes, el avance tecnológico, tiene "parte de excusa" por parte de las entidades. "No seré yo el que niegue el avance de las nuevas tecnologías, sobre todo entre los más jóvenes, pero no va tan rápido como algunos dicen", asevera.

"Va a seguir", coincide Clodomiro Montero, de la CIG. "Es el modelo que desgraciadamente propugna Bruselas, entidades de mayor tamaño que para Galicia, con un tejido de pequeñas empresas, supone un problema económico que alguien tendrá que analizar algún día", concluye.