05 de diciembre de 2017
05.12.2017

El PP aprueba en solitario la ley que blinda la luz a hogares vulnerables

La oposición critica que se cercenó la iniciativa popular - Solo evitarán cortes las familias con menos de 5.639 euros al año

05.12.2017 | 02:46
Manifestación ayer ante el Parlamento de Galicia.

Desde comienzos del próximo año la Xunta garantiza por ley el pago del 50% de la factura de la luz a los hogares con pocos recursos, que dejarán de depender de las órdenes de ayudas anuales que puso en marcha el Gobierno gallego hace tres años. El Parlamento aprobó ayer con los únicos votos favorables del PP el texto, que parte de una Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) presentado en 2015 por el sindicato CIG para luchar contra la pobreza energética. En Marea y el BNG, que se mostraron contrarios a los cambios realizados por el PP, votaron en contra mientras que el PSdeG se abstuvo. El sindicato promotor se manifestaba ayer a las puertas de la Cámara para denunciar que, con sus modificaciones al texto, el PP "ha dejado sin efecto y anulado" el contenido de la ILP, que llegó al Parlamento respaldada por más de 17.000 firmas.

La norma establece que el consumidor deberá solicitar esta bonificación del 50% ante las administraciones locales -se puede hacer desde el 1 de enero- y que es compatible con el bono social del Estado, que conlleva ayudas por entre el 25% y el 40% de la factura de la luz. Fuera se quedan las del gas -pese a que el texto original de los promotores pretendía acabar de manera general con la pobreza energética-, el derecho a que la Xunta pague el 100% si las facturas suman el 10% de los ingresos, la creación de una tarifa eléctrica gallega, y también que los cortes de electricidad y gas en caso de impago se frenen de manera automática. La Xunta podrá pararlos siempre que se produzcan en las viviendas de consumidores vulnerables severos o "exista alguna circunstancia excepcional que justifique la intervención inmediata" de los servicios sociales de la Xunta.

La diputada del BNG Noa Presas afirmó que el PP, que no ha admitido ninguna enmienda de la oposición, quiso "cercenar" la ILP, que llega a su votación tras dos años y medio de su presentación "vaciada" de contenido. "Ni tarifa eléctrica gallega" ni energía "como bien público", criticó. La diputada popular Marta Nóvoa rechazó la creación de esta tarifa para Galicia -que compense su posición como productora excedentaria de energía- porque "fue rechazada por nueve de los diez expertos" que comparecieron en la comisión que trató la ILP y porque la comunidad "no tiene competencia en esta materia". El socialista Abel Losada, que criticó la "falta de ambición" del texto, apostó por corregir los costes añadidos a Galicia por la vía fiscal. Pancho Casal, el grupo de En Marea, afirmó que unos 600.000, el 20% de los hogares gallegos, según sus cálculos, se encuentran en riesgo de pobreza energética. "De los 15.000 millones al año que se regalan a las eléctricas está la cicatería para combatir la pobreza energética, con una estimación que en el decreto del bono social es de 300 millones al año y que en Galicia podría sumar poco más de un millón", señaló Casal.

La Consellería de Economía, encargada de ejecutar la ley, no tiene todavía un cálculo de cuántas personas se podrán acoger desde comienzos de 2018 a este derecho, ya que necesitan coordinar la información entre diferentes consellerías primero. La ley garantiza el pago de la mitad de la factura a los hogares que tengan ingresos inferiores a 11.278 euros anuales, cantidad que se incrementa si hay menores, y que se queda en la mitad para los consumidores vulnerables severos. Según los datos del Instituto Galego de Estatística de 2015, uno de cada cuatro hogares ingresa menos de 1.000 euros al mes.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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