La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio acaba de desestimar el recurso de alzada presentado por Ferroatlántica contra la resolución de Augas de Galicia (emitida el pasado 26 de julio) que rechazaba la solicitud de la compañía de separar la actividad de producción eléctrica de las fábricas de ferroaleaciones de A Costa da Morte para poder vender las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande. El fallo inicial del Ejecutivo gallego señalaba que la solicitud de la empresa controlada por Villar Mir "no cumplía los requisitos legales" y que la decisión pretendía "salvaguardar el interés público de la concesión".

La resolución de la Consellería de Medio Ambiente, emitida el pasado día 5, avala plenamente el dictamen de Augas de Galicia y tumba, una a una, todas las alegaciones de Ferroatlántica. "La resolución adoptada por el director de Augas de Galicia es motivada, adecuada a los fines que persigue y a la protección de los intereses públicos, siendo, por lo tanto, ajustada a derecho", reza el documento, dado a conocer ayer por el comité de empresa de las plantas de ferroaleaciones y centrales hidroeléctricas que la compañía tiene en Cee y Dumbría.

Esta segunda decisión del Gobierno autonómico agota la vía administrativa, por lo que la empresa tiene dos meses de plazo para presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), una posibilidad que va a ejercer, según explicaron fuentes del grupo. "La compañía entiende que tiene derecho a que se acepte la solicitud, por lo que va a defender ese derecho", detalló un portavoz de la firma integrada en el grupo Ferroglobe.

Entre otros argumentos, la Xunta alega en la resolución del recurso que el Ejecutivo gallego se limita en su primer dictamen a desestimar la solicitud (para eliminar el veto a la segregación de actividades) al ser planteada de forma incorrecta, "mediante un proceso de revocación de actos de gravamen", que no es "el canal procedimental adecuado para alterar o suprimir dicha condición". Ferroatlántica debería seguir el procedimiento para modificar las concesiones -como la del uso de los saltos de agua- "regulado en el Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico".

La Consellería de Medio Ambiente también matiza en su resolución que la decisión que se adoptase en primera instancia era de doble efecto, en el sentido de que produciría consecuencias favorables para unos interesados (los trabajadores o la empresa) y desfavorables para otros.

Precisamente, el comité de empresa de Ferroatlántica en Cee y Dumbría mostró ayer su "satisfacción" por la resolución de la Xunta y aseguró que ha dejado "al descubierto" la "mentira" de la empresa con el plan industrial que prometía tras la venta de las centrales, que preveía la inversión de 100 millones de euros en Galicia y la creación de 500 empleos entre directos e indirectos.