La multinacional estadounidense Alcoa está pasándolo mal en el reparto de las primas que cada año distribuye el Gobierno entre las industrias españolas de gran consumo eléctrico por prestar el servicio de interrumpibilidad -por desengancharse de la red en caso de necesidad por picos de demanda, avería u otras causas extraordinarias-. De hecho, es la única de las grandes participantes en la subasta que se ha visto obligada a seguir pujando por los incentivos en liza para 2018.
El lunes se completó la adjudicación de los bloques de 90 megavatios (MW), los que más dinero aportan a las empresas que los reciben, y Alcoa lucha ahora con otras 140 pymes para hacerse con alguno de los 376 bloques de 5 megavatios que oferta Red Eléctrica de España (REE) para el próximo año, pero a un precio muy inferior.
Una portavoz de la empresa aluminera aseguró que la compañía se esforzará hasta el final -la subasta finalizará el próximo viernes o en el momento en que todos los bloques ofertados queden colocados- para hacerse con los lotes de electricidad interrumpible (remunerada) que necesita para cuadrar las cuentas de las fábricas de A Coruña y Avilés (Asturias), altamente dependientes del precio de la luz.
Todo apunta a que la planta de San Cibrao (Lugo) tiene solucionado su futuro en cuanto a la factura eléctrica gracias a haberse adjudicado tres bloques de 90 megavatios. Aunque la aluminera eludió confirmar este dato hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valide el resultado global de la subasta, algunas fuentes próximas al proceso indican que lo más probable es que Alcoa lograse los tres bloques que quedaron libres, de ocho en liza, tras adjudicarse dos Asturiana de Zinc, otro Arcelor-Mittal, otro Ferroatlántica y otro Celsa. Una situación prácticamente idéntica a la del año 2015.
La incertidumbre entre los sindicatos sobre el desenlace de la subasta es patente y temen por el futuro de las factorías de A Coruña y Avilés. De hecho, no tienen claro que el reparto de los bloques de cinco megavatios -que en 2014 y 2015 permitieron a las dos factorías mantener su actividad con un resultado muy ajustado- pueda salvar esta vez a unas fábricas que emplean a 400 trabajadores cada una. "Posiblemente no hay ningún bloque de 90 megavatios, pero tengo miedo de que, al final, ni siquiera haya suficientes lotes de 5 megavatios para todos", lamentó un representante sindical.
El comité de empresa de A Grela espera con cautela que el proceso concluya, sea validado y que los datos sean oficiales, pero es pesimista con la situación actual ateniéndose a la historia. "Los años en que había solo ocho bloques de 90 megavatios nos quedamos sin ellos y tuvimos dificultades para lograr la viabilidad de la fábrica. Este año todo apunta en esa dirección", lamentó el presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho.
La actual subasta se plantea como un tránsito hacia una solución distinta para el precio de la energía que el Gobierno negocia con Bruselas con el objetivo de que no pueda ser considerado como ayudas de Estado, algo que en el caso del sistema actual está siendo investigado por el Ejecutivo comunitario. Lo peor para los sindicatos es que, sostienen, "nadie sabe si la situación mejorará o empeorará". "Sí nos han dicho que el servicio de interrumpibilidad, a medio plazo, va a pesar mucho menos de lo que pesa ahora. Pero está claro que los primeros meses del año van a ser muy difíciles para las plantas de A Coruña y Avilés", concluyen fuentes sindicales.
