El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el servicio que prestó Uber en Barcelona entre abril y diciembre de 2014, llamado UberPop y que ofrecía trayectos en coches de particulares, era propio de una empresa de transporte y no de mediación digital, por lo que se le debería exigir licencias. El gremio de taxistas en toda España ha interpretado este dictamen como un triunfo en su vigente lucha contra la expansión de las empresas que intermedian con vehículos de alquiler con conductor (VTC) y usuarios, como Uber o Cabify.
Los taxistas anticiparon que la sentencia sentará un precedente y que estas empresas pasarán a ser reguladas tarde o temprano de igual manera que el taxi como medio de transporte urbano. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, expuso ayer sobre esta cuestión que "aparentemente" la sentencia europea "no tiene ningún tipo de influencia" en la actual regulación española en la materia. "Uber en estos momentos -aseguró- está cumpliendo con la sentencia que se dice" .
Cabify replicó que desde su fundación en Madrid en 2011 su modelo de negocio "es y ha sido siempre 100% legal", y que "no está relacionada en absoluto" con la sentencia del tribunal europeo. El portavoz de Uber España, Yury Fernández Castillo, zanjó que el fallo no tiene ya "ninguna implicación práctica".
