La subasta de los incentivos eléctricos para la gran industria por prestar el servicio de interrumpibilidad -por reducir o suspender su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda- entre enero y mayo del próximo año concluyó ayer, según confirmó el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), también encargado de la celebración de la puja. "Una vez asignada la totalidad del requerimiento de potencia interrumpible (...), se dan por finalizadas las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero a 31 de mayo de 2018, dado que no se dan las condiciones fijadas en el anexo confidencial [que quede potencia sin adjudicar o fondos sin gastar] para realizar convocatorias adicionales de subastas", anunció el operador del sistema ayer a última hora de la mañana.
Los resultados de este proceso competitivo tienen que ser ahora validados por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y publicados por la propia REE. Hasta ese momento empresas muy dependientes de este sistema como Alcoa prefieren no analizar cómo les ha ido en la puja.
Aunque no es oficial, sí parece oficioso que la aluminera estadounidense obtuvo peor resultado que en 2016 y que el futuro de sus plantas, principalmente las de A Coruña y Avilés (Asturias), con 400 trabajadores cada una, dependerá de los incentivos eléctricos que haya obtenido entre el martes y ayer, cuando se adjudicaba la mayoría de los bloques peor remunerados.
Las empresas guardan silencio pero tanto fuentes sindicales como otros expertos en la materia dan por hecho que Alcoa solo logró tres de los seis bloques de 90 megavatios (MW), los mejor remunerados, a los que aspiraba. Este año solo había ocho bloques en liza -frente a los 10 del año pasado, cuando la aluminera logró cinco- y la demanda alcanzaba los 11 -como en 2016-. Con estos cálculos, Asturiana de Zinc habría logrado los dos bloques de 90 MW a los que aspiraba, Arcelor-Mittal uno, Ferroatlántica otro y Celsa otro. Los tres que quedarían son los que se habría adjudicado Alcoa y que, en situaciones anteriores, tanto en 2014 como en 2015, fueron a parar al complejo industrial de San Cibrao (Lugo), que aspiraba a cuatro. Mientras, las fábricas de A Coruña y Avilés, que precisan un lote grande cada una, se quedarían sin ninguno y dependerían de la subasta de los paquetes de 5 MW, con peor remuneración. Tanto en 2014 como en 2015 las primas vinculadas a estos bloques salvaron a las dos factorías, pero este año los sindicatos dudan incluso de que sean suficientes. La "única ventaja", dicen, es que la vigencia de estos incentivos es solo de cinco meses, frente al año de las pujas previas.
Un sistema "perverso"
Tras este previsible mal resultado de Alcoa, denuncian los sindicatos, está un sistema "perverso" que pone a competir al mismo nivel a empresas para las que el recibo eléctrico tiene un peso en los costes de producción muy diferente y, al tratarse de una subasta descendente -consigue el bloque aquella compañía que esté dispuesta a ofrecer el servicio de interrumpibilidad a un precio más bajo-, la aluminera estadounidense "siempre tiene las de perder", tanto en bloques de 90 MW como en los de cinco.
Según los datos facilitados por el comité de empresa de la fábrica coruñesa de Alcoa, la producción de una tonelada de acero requiere 500 kilovatios hora y el recibo eléctrico supone el 7,3% de sus costes, frente a los 4.000 kilovatios hora de una tonelada de zinc (9,9%) y los 3.500 kilovatios hora en las ferroaleaciones (alrededor del 18%). Frente a estas cifras, el aluminio requiere 15.500 kilovatios hora para producir una tonelada de mercancía y la factura eléctrica copa el 43% de sus costes, con lo que cuenta "con una gran desventaja competitiva desde el principio a la hora de pujar con empresas de otros sectores".
"En el pasado el salto para agrupar a empresas como Alcoa era por encima de 110 megavatios, pero al bajar el nivel a 90 MW entran empresas para las que los costes eléctricos son mucho menos importantes y que tienen más fácil lograr buenos resultados en un proceso competitivo", señala el presidente del comité de empresa de la planta de A Grela, Juan Carlos López Corbacho. El portavoz de la plantilla coruñesa recuerda que Alcoa es "un gran problema" para el Gobierno por el asunto de la interrumpibilidad, pero también "un gran cliente" por consumo de electricidad. "En 2013 y 2014 la planta coruñesa pagó por la energía unos 50 millones al año, a los que hay que sumar otro tanto de Avilés y mucho más por San Cibrao", concluye el representante de los trabajadores de A Grela.
