El Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley, aprobado el pasado 3 de octubre de 2014, que prevé la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación económica de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por la constructora ACS.
