El Congreso cierra 2017 atascado en el debate del futuro de las pensiones que trata la Comisión del Pacto de Toledo y con el freno puesto a la Iniciativa Legislativa Popular que pide una renta mínima de 426 euros para familias sin ingresos, dado que aún no han empezado su debate de enmiendas en comisión.
La Comisión de seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo inició su andadura a principios de año con la mejor de sus intenciones para buscar más recursos al sistema de la Seguridad Social y garantizar su viabilidad, después de que el déficit vaya alcanzar el 1,4% del PIB en 2017. Aunque hay unanimidad en financiar las bonificaciones o reducciones de la Seguridad Social vía presupuestos, en avanzar con medidas impositivas concretas para ayudar a financiar las pensiones o en destopar las bases máximas de cotización, el escollo está en la revalorización de las pensiones.
Gobierno, PSOE y Unidos Podemos siguen sin llegar a un pacto para ligar la subida de las pensiones al poder adquisitivo. El Ejecutivo insiste en defender la actual fórmula del índice de revalorización de las pensiones (IRP), que las desliga de la inflación y garantiza subidas anuales mínimas del 0,25 %, mientras que los socialistas reiteran la necesidad de que su evolución vaya pareja a la del coste de la vida.
De la lista de las 22 recomendaciones a revisar por el Pacto de Toledo no se ha llegado ni a la mitad, pese a que por la comisión ha desfilado una treintena de altos cargos, expertos, técnicos y representantes de patronales y sindicatos.
En 2018, el Congreso deberá retomar el debate sobre la creación de una renta mínima, que una vez superada la enmienda a la totalidad del PP, continúa con su trámite en la Comisión de Empleo pero sin avances significativos. La propuesta de otorgar unos ingresos mínimos de unos 426 euros es rechazada frontalmente por el Ministerio de Hacienda que cifra el gasto en 15.000 millones, mientras la AIReF alerta de que elevaría el déficit público por encima del 3% del PIB en 2020.
