La actividad inspectora de la Seguridad Social no puede desligarse de la situación económica. Ni durante la crisis, entre 2008 y 2013, cuando la doble recesión "provocó una importante destrucción tanto de empresas como de puestos de trabajo", subraya el organismo en su nueva memoria anual; ni ahora, con la recuperación, que dejó el pasado ejercicio un incremento del 3,12% en la afiliación. Dos etapas radicalmente opuestas que, sin embargo, son igual de propicias para las trampas: desde intentar evitar el gasto en cotizaciones a enmascarar una ocupación continua en el tiempo gracias a la cada vez mayor contratación temporal. La vigilancia del mercado laboral se ha convertido en un arma fundamental para perseguir el empleo irregular y, de paso, incentivar la mermada recaudación pública, que en el caso de la Seguridad Social ha obligado a vaciar el 88% de la hucha para pagar las pensiones. El Gobierno puso en marcha en 2012 un plan de lucha contra el fraude que en 2016 "intensificó" sus actuaciones. En Galicia, entre otros resultados, los inspectores afloraron más de 5.000 trabajos sumergidos, a una media de 14 por día, y además obligaron a hacer indefinidas a otras 4.400 personas que tenían un contrato eventual pese a desempeñar una labor fija.

A partir de las denuncias presentadas o dentro de la planificación interna de la propia Seguridad Social, en Galicia se lanzaron el pasado ejercicio un total de 31.785 órdenes de servicio, un 5% menos que en 2015. La mayoría, por encima de las 11.100, estaban vinculadas a posibles casos de economía irregular o malas prácticas con trabajadores extranjeros; otras 7.000 tuvieron que ver con fraudes a la Seguridad Social; unas 6.500 con la prevención de riesgos laborales; 5.500 por materia de empleo y relaciones laborales; y 1.500 por otro tipo de causas (obstrucciones, impugnaciones de actas, minoración de la morosidad, etc.).

La inspección realizó casi 74.000 visitas, comprobaciones y expedientes administrativos, que derivaron en 4.205 infracciones y requerimientos de corrección. Fueron 160 menos que el año anterior. Las sanciones impuestas sumaron 15,1 millones de euros tras una pequeña caída del 3,1%. Lo que sí aumenta es el importe de los expedientes liquidatorios -con las cantidades defraudadas a la Seguridad Social-, un 11,1%, hasta los 64,3 millones de euros; y, sobre todo, el número de trabajadores afectados por irregularidades, 26.272, un 49,5% más que en 2015.

De ellos, 17.270 eran de la provincia de Pontevedra; 7.091 de A Coruña; 1.072 de Lugo; y 839 de Ourense. El montante de las sanciones está más igualado entre las dos zonas de Galicia con mayor dinamismo económico: 6,5 millones en Pontevedra y 6,3 en A Coruña. En Lugo alcanzaron los 1,3 millones; y cerca de 1 millón en Ourense.

En el conjunto del Estado, las infracciones rozaron las 80.000 (87.000 en 2015), con 306 millones en multas (310 millones el ejercicio anterior), otros 1.051 millones en expedientes liquidatorios (1.006 millones) y 440.573 trabajadores afectados por infracciones, un 17,4% menos.

Entre las principales ilegalidades en el área de Seguridad Social están la falta de alta laboral, cotizaciones que no se corresponden con la realidad o atropellos con las prestaciones, incluida la creación de empresas ficticias para facilitar el cobro. Aquí se concentran los más de 64 millones defraudados en Galicia al organismo en unas 2.400 infracciones: 14,7 millones de recaudación inducida, 8,3 millones por las actas de liquidación, 38,5 millones por derivación de responsabilidades y 2,8 millones en prestaciones devueltas, una cantidad esta última que se multiplica por 73 en comparación con 2015. La Seguridad Social ordenó la baja en el abono de 428 prestaciones (81 de bajas temporales, 2 de invalidez, 13 de jubilación y 332 de desempleados) y el alta de 4.329 trabajadores que no estaban afiliados (4.479 el año anterior).

Se descubrieron 121 extranjeros trabajando a pesar de carecer de permiso, lo que derivó en 1,058 millones de euros en multas.

La Inspección revisó la situación de 20.719 trabajadores en Galicia por posible uso fraudulento de la contratación. En el cumplimiento del porcentaje mínimo de plantilla fija dentro de las subcontratas en el sector de la construcción en 2016 no se detectó ninguna irregularidad en la región. Se dieron con 15 ilegalidades en contratos bonificados. Y con 4.403 trabajadores con contrato temporal que realmente desempeñaban un empleo fijo. La conversión en indefinidos forzada por la Seguridad Social creció un 22,4% en Galicia. Según los datos de la Consellería de Economía, el total de contratos eventuales transformados en fijos en 2016 fueron 28.486, así que casi un 16% del total no es por vocación de la empresa, sino por imposición de Seguridad Social.

Hay otro foco de atención ante la tendencia creciente de la temporalidad en el mercado laboral: la situación de los contratados a tiempo parcial. Los inspectores estudiaron 736 contratos en Galicia y en ocho de cada diez (598) había incrementos superiores al 50% de los tiempos de trabajo.