Una reforma de la regulación del transporte que planea la Comisión Europea puede suponer un vuelco en el sistema español de concesiones y una amenaza para las compañías que explotan las líneas de autocares de ámbito nacional y autonómico, negocio en el que las gallegas Monbús y Arriva Noroeste tienen una importante porción del pastel.
El ejecutivo comunitario ha aprobado un proyecto de modificación del reglamento europeo sobre el transporte en autocar que conlleva liberalizar todas las líneas que tengan más de cien kilómetros de distancia entre paradas. En caso de llevarse a cabo el cambio como está planteado se pondría fin en España a la prestación de servicios mediante concesiones (por períodos máximos de diez años) en todas las líneas estatales, que dependen del Ministerio de Fomento, y también en una parte no menor de las que son de competencia de las comunidades autónomas.
La compañía que vería más comprometido su negocio es Alsa, que tiene una cuota de mercado superior al 50%. La empresa de transportes por carretera declinó hacer comentarios y se remitió a las posiciones de la patronal nacional Confebus. Su presidente, Rafael Barbadillo, explicó que la reforma que está sobre la mesa tendría severos costes para España en la medida en que el Estado se vería obligado a subvencionar los servicios a miles de poblaciones rurales que resultan deficitarios y que ahora son asumidos por las empresas que ganan las concesiones en concurso público. "El Gobierno está plenamente alineado con el sector", añadió Barbadillo, y precisó que la tramitación de la controvertida norma puede durar dos o tres años.
La Comisión Europea considera que abrir a la competencia las citadas líneas, acabando con ello con el sistema vigente de concesiones, sería beneficioso porque favorecería el uso del autocar público y reduciría el de los coches particulares, rebajando con ello los impactos ambientales y la accidentalidad viaria.
