A pesar de la transcendencia de la decisión y de que internamente se conocía desde el 16 de noviembre, en el orden del día del comité y la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) de ayer no hay rastro de la dimisión de su hasta ahora secretario general, Jaime López, procedente de la provincial de Lugo, afín al presidente Antón Arias. El nombramiento, propuesto en marzo, no llegó a ser refrendado, como mandan los estatutos, por los órganos de poder de la patronal gallega. Y era una de las razones que avivaban el enfrentamiento de Arias con sus críticos.
El equipo de Arias subraya que el comité aceptó la dimisión "en base al hecho de que su nombramiento tenía un carácter temporal y motivada por la existencia de un contencioso ya resuelto con el anterior secretario general". Una explicación que no convenció a muchos de los presentes. "Es un tema lo suficientemente importante como para hacer una convocatoria de urgencia o reunir a los vicepresidentes", reprocha Jorge Cebreiros, de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP). Porque la función del secretario general se podría equiparar a la de un notario dentro de la organización. "Tutela la responsabilidad que toman los directivos", recrimina también el expresidente de la CEG, José Manuel Fernández Alvariño, satisfecho por la salida.
En las provinciales y sectoriales enfrentadas a Arias se preguntan si López "ha seguido ejerciendo sus funciones y, por lo tanto, estamos salvaguardados en las decisiones tomadas". Cuestionan el silencio oficial. Y por eso reprochan aun más que Arias solo haya convocado dos juntas directivas, cuando las normas internas de la patronal obligan a hacerlo, al menos, seis veces por año.
La CEG buscará ahora un sustituto. Y, en esto sí parece que hay consenso: se hará a través de la promoción interna. "Tal y como están las cosas- dice José Manuel Pérez Canal, de Ourense- no tenía sentido hacer otra cosa".
En su comunicación oficial la CEG no hace ningún comentario sobre la decisión del comité -el único órgano con mayoría de Arias- del 30 octubre y que transcendió el miércoles de la posibilidad de emprender acciones legales contra los dos anteriores presidentes, Alvariño y Antonio Diéter, por presunta administración desleal y apropiación indebida. Los miembros de la junta se encontraron con la resolución tomada en el comité celebrado justo antes de dar marcha atrás. "Les pregunté a dónde creían iban", cuenta Alvariño, que recuerda una vez más que los contratos de seguro y coche firmados con empresas de su grupo redujeron a la mitad el gasto "de los contratos de Antonio Fontenla", su predecesor. "Era un auténtico despropósito", opina también Cebreiros. "No se hizo en otros sitios -añade- ni en este mismo sitio en otros momentos".
La junta analizó por primera vez ayer la hipoteca de 1,2 millones sobre la sede firmada en abril. Las cuentas de 2016 pasaron la votación para someterlas a la asamblea que se celebrará el 12 de enero. En 2017 los ingresos se desploman de 2,2 millones a 754.000 euros.
