La Administración pública no se libra de salir perjudicada por estas prácticas anticompetitivas que ejercen algunas empresas. El Consello Galego da Competencia aprecia un incremento de denuncias relacionadas con posibles pactos o acuerdos entre firmas para hacerse con contratos públicos.

Entre 2015 y el primer semestre de 2016 se tramitaron en Competencia ocho expedientes en materia de colusión en la contratación del sector público. Son el segundo grupo más numeroso, tras las denuncias presentadas por los uniformes escolares.

Y además se impuso la primera sanción a dos firmas por pactos ilícitos para hacerse con contratos públicos. Las empresas acordaron intercambiarse dos contratos del Concello de Lugo para instalar dos calderas de biomasa, con un perjuicio para las arcas públicas de 6.000 euros. Las multas sumaron 11.400 euros.

Mayor vigilancia

Es por esta razón que el Consello Galego da Competencia anuncia que "redoblará sus esfuerzos" para detectar prácticas anticompetitivas en la contratación pública. "El elevado coste que la colusión entre licitadores tiene para las arcas públicas aconsejan que las autoridades de competencia incidan especialmente en la represión de estas conductas", señalan.

También orientarán sus esfuerzos a detectar prácticas anticompetitivas en la cadena alimentaria. Competencia argumenta que hay una concentración y aumento de poder de las grandes cadenas de distribución.