No hay mejor demostración del grave problema que tiene España con la temporalidad que el anuncio esta semana de la ministra de Empleo, siempre muy optimista con las cifras laborales, para endurecer las sanciones por el abuso de la contratación eventual. "Detrás de cada contrato en fraude de ley hay un trabajador y una vulneración, queremos dar un paso más en ese sentido", avanzó en su comparecencia en el Congreso el jueves. Fátima Báñez trasladará a sindicatos y patronal en la mesa de calidad del empleo su propuesta de cambiar la forma de multar a las empresas por este tipo de irregularidades. Ahora son globales: una empresa, un castigo, aunque agravado en función del número de empleados afectados. El Gobierno quiere que se penalice por cada uno de ellos. Pero la efectividad de la medida, sin embargo, está condicionada a descubrir esas ilegalidades. Ahí entra en juego, como también admite la propia Báñez, la labor de la Inspección de Trabajo. Desde 2012 forzó la conversión en indefinidos de 332.000 contratados temporales gracias al plan de lucha especial contra el fraude laboral, que en Galicia se está llevando a cabo con una plantilla menguante. El organismo dispone en la comunidad de un 10% menos de efectivos que en 2009 a pesar de esa intención de reforzar el control y del aumento del número de ocupados de los que hay que estar pendientes.

A 31 de diciembre de 2016, según los datos publicados recientemente por la Inspección, el personal en servicio alcanzaba las 105 personas. Cuenta con un jefe territorial, cuatro de inspección, dos de la unidad dedicada a la Seguridad Social, otros dos más para Seguridad y Salud Laboral y 12 responsables de equipo. Bajo sus órdenes había 32 inspectores y 52 inspectores. Esta es la fotografía fija del personal al cierre de ejercicio. A lo largo del año podría haber existido, apunta el organismo en su último balance, algún pico de actividad con más o menos empleados. De hecho, en el conjunto del Estado a finales de ese año el número de inspectores y subinspectores se situó en 1.448 y la Inspección de Trabajo sostiene que "el promedio" de 2016 fueron 1.797.

La trayectoria ascendente en el aumento de la plantilla de la Inspección en la comunidad se rompió en 2009. En aquel momento había 9 altos cargos, 15 jefes de equipo, 33 inspectores y 60 subinspectores, tras un incremento en estas dos últimas áreas de 13 y 4 efectivos, respectivamente, en comparación con 2005. Las grandes jefaturas se mantienen en 2016, mientras que la cantidad de supervisores de equipos bajó en tres, hay un inspector menos y una bajada de 8 entre los subinspectores. En total, la reducción fue de 12 trabajadores. Y eso que se incorporaron 4 inspectores, que compensaron la pérdida de un jefe de equipo durante el mismo periodo.

¿Resultado? Para cada inspector o subinspector de Trabajo en Galicia hay casi 12.500 ocupados. No es la peor proporción entre las autonomías. La media nacional es mayor: 12.782. Galicia se coloca en el séptimo lugar por detrás de La Rioja (9.700 habitantes en alta laboral por inspector), Castilla y León (10.030), Extremadura (10.228), Canarias (10.872), País Vasco (12.357) y Castilla-La Mancha (12.421). Los tres territorios donde se disparan las cifras son Comunidad Valenciana (15.665), Navarra (16.312) y Madrid (17.338). La media europea no tiene nada que ver con los números de España: un inspector para cada 7.300 empleados, aproximadamente.

La evolución la baja del personal encargado de supervisar el buen funcionamiento del mercado laboral -en el cómputo estatal el cuerpo de inspectores pasó de 1.448 a 31 de diciembre de 2015 a 1.430 un año después- contrasta con el "importante impulso en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social a lo largo del año 2016, continuando la senda iniciada en 2012", señala la Inspección de Trabajo, en referencia al plan aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2012.

Las actuaciones en Galicia, sin embargo, acumulan ya seis ejercicios en descenso. Se realizaron 45.238 visitas, comprobaciones y expedientes administrativos, unos 3.700 menos que en 2015 y casi 10.000, una reducción del 18%, en comparación con 2010. Las infracciones en acta y requerimientos sumaron 4.204, con 15,1 millones de euros en sanciones, 10.800 peticiones de subsanación y un importe defraudado de 64,3 millones.

Los inspectores ordenaron anular 428 prestaciones de desempleo -las más numerosas: 332-, incapacidad temporal, invalidez y jubilación por cobro irregular en Galicia y ordenaron el alta en la Seguridad Social de 4.329 personas.

Por uso irregular en la contratación, los inspectores destaparon en Galicia solo 56 infracciones, con multas por valor de 84.611 euros. Eso sí, se revisaron 20.719 contratos de los más de 900.000 firmados en 2016. La contratación en fraude de ley con el fichaje de personal temporal para actividades que se prolongaron en el tiempo sí es mayor. Se detectaron 4.336 fraudes que derivaron en la conversión en fijos de 4.403 empleados, un 22% más que el ejercicio anterior. El número no para de crecer. En 2012 fueron 2.512; 3.096 en 2013; 3.305 en 2014; y 3.597 en 2015. En todos estos años que van de refuerzo de control por parte de la Inspección de Trabajo, aunque el número de inspecciones ha bajado, las conversiones de indefinidos forzadas sumaron 16.913.