UGT denuncia que en 2017, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se realizaron de media unas 5,8 millones de horas extras a la semana, un 1% más que en 2016, de las que "no se han pagado casi la mitad". La organización sindical insiste en la necesidad de que se lleve a cabo un registro de la jornada diaria mediante instrumentos eficaces que permitan detectar irregularidades, abusos y fraudes, y cree que también habría que facilitar la labor de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que tiene encomendada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los representantes de los trabajadores en las empresas.
Recientemente, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionando si la regulación española (artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores) está en la línea de la regulación europea en materia de jornada, sobre todo respecto a la duración y los descansos.
