Pescanova SA quería sorprender un año más al mercado con la prolongación de un éxito que la había erigido entre las mayores multinacionales pesqueras del mundo. Era un día como hoy, en el año 2013. Ultimaba la redacción de sus cuentas anuales: ventas de 1.748 millones, beneficio de 36,6 y 1.034 millones de deuda financiera. Y con aplauso de la auditora, BDO: "Emitiremos informes de auditoría favorables". Nada hacía presagiar, al menos fuera de los muros de la compañía, que todo era mentira. Una bola de cuentas trucadas, papel pelota, créditos documentarios y facturas falsas que horadaron un agujero patrimonial de 1.500 millones que Manuel Fernández de Sousa no pudo tapar más. Llevaba años haciéndolo, según la investigación ejecutada por la Audiencia Nacional y cuya instrucción arroja 31 investigados (18 personas físicas y 13 sociedades) y la imputación de ocho delitos: falseamiento de cuentas anuales, de información económica, estafa, blanqueo o alzamiento de bienes, falsedad documental, insolvencia punible, uso de información relevante y bloqueo de la actividad supervisora.

"Puede causar sorpresa que una actividad como la que se describe haya podido mantenerse durante un tiempo tan prolongado", admite el instructor. "También que la realidad no fuera descubierta por los organismos de supervisión ni por las distintas instituciones públicas, entidades financieras, agencias de supervisión, consultoras nacionales e internacionales o analistas financieros", añade. Pero la Audiencia Nacional solo juzgará el "engaño" de puertas adentro porque hubo quienes "fueron capaces de burlar" los controles que tenían que haber funcionado. Los que habrían detectado que las cuentas de Pescanova SA llevaban maquilladas desde, al menos, 2011 o que la mitad de las facturas emitidas en los dos últimos años de mandato de Sousa eran "aparentes". Pescado de mentira para lograr financiación bancaria. "Pero no se está enjuiciando aquí -expone el auto- la labor de los organismos de supervisión o de control de determinados sectores negociales, ni la tarea de analistas o consultores internacionales".

Por lo demás no ha habido sorpresas en el auto de procedimiento dictado ayer por José de la Mata, salvo la desaparición de Jesús García (hombre de confianza de Sousa en el consejo) y Robert Albert Williams (exconsejero, escapado a Sudáfrica), además del sobreseimiento de las actuaciones contra César Mata, exsecretario del consejo y antiguo responsable del área legal. El documento, de 191 páginas, dibuja una trama en la que el expresidente de la multinacional aparece como instigador o conocedor de las "prácticas irregulares" con las que Pescanova sació su codicia expansiva a base de créditos basados "en operaciones inexistentes o simuladas". A Manuel Fernández de Sousa, ahora director de operaciones ( chief operating officer) en la acuícola saudí National Aquaculture Group (Naqua) se le imputan delitos que podrían acarrear 30 años de prisión, además de multas (aunque en su día declaró un patrimonio exiguo, de dos coches de segunda mano y una cuenta bancaria con 4.000 euros) e inhabilitación.

Y, en torno a él, el magistrado señala al grueso de su antiguo equipo directivo y a aquellos consejeros que, a su juicio, "tenían conocimiento de la situación real de la compañía". "Es cierto que el mero hecho de pertenecer al consejo de administración no determina la responsabilidad por todos los acuerdos adoptados por éste", señala el juez, aunque añade que algunos "necesariamente sabían que se habían falseado los datos". Señala en este punto, además de al expresidente, a los exconsejeros Alfonso Paz-Andrade, a su hijo Pablo Fernández Andrade, su hermano Fernando y José Antonio Pérez-Nievas (Iberfomento). También a los exdirectivos Antonio Táboas (Financiero), Alfredo López (Administración), Joaquín Viña (Auditoría interna), Ángel González (Contabilidad), Alfonso García Calvo (jefe de Servicio), José Manuel Gil (departamento financiero) y Carlos Turci (Financiero en Pescafina). También a responsables de empresas que contribuyeron presuntamente a la creación de un entramado de 37.783 facturas que no coincidieron con la información reportada a la Agencia Tributaria: Antonio Casas, Camilo Rodríguez, Javier Fernández Corujeira, Francisco Retamar y Manuel López. El juez propone juzgar por último a la esposa de Sousa, Rosario Andrade, por un delito de alzamiento de bienes en la pieza vertebral del caso Pescanova.

El auto del magistrado ha causado malestar -que no sorpresa- en algunos imputados, que sostienen que no se fundamenta que hubiesen tenido conocimiento de las prácticas irregulares, y que "echan en falta" algunos nombres. No todos aparecen señalados por los mismos delitos. A Paz-Andrade, consejero delegado hasta 2003, el instructor lo señala como investigado por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información relevante. A Pérez-Nievas, también exconsejero, se le señala únicamente por utilizar presuntamente los datos que conocía del grupo para vender 110.000 acciones justo antes del preconcurso y evitar un perjuicio de 1,39 millones. Pablo Fernández Andrade tendrá que defenderse de los mismos delitos que se le imputan a su padre, excepto el de uso de información relevante (no tenía acciones de Pescanova a título particular), impedimento del trabajo del supervisor y -en la pieza principal del caso- alzamiento de bienes.

Respecto a la práctica que habría de desembocar en la falsificación de las cuentas, el magistrado instructor deposita toda la responsabilidad en el núcleo duro de un equipo directivo que era "de confianza" de Fernández de Sousa y, "junto a él, los máximos responsables de la elaboración de la información financiera y de la contabilidad". José de la Mata dibuja en el mismo documento los cinco motivos por los que la antigua Pescanova se vio forzada a echar mano de un sinfín de prácticas irregulares para continuar a flote aún estando en números rojos (que nadie conoció hasta 2013).

El juez refrenda el diagnóstico de la administración concursal, Deloitte (capitaneada por Senén Touza y Santiago Hurtado), y el intenso proceso de inversión con el que dilapidó 833 millones en solo cinco años (2007-2012).

Frente a este auto cabe recurso. El juez ha creado una pieza separada para investigar el patrimonio de la familia De Sousa en Andorra.