Los sindicatos se rebelan contra lo que consideran una campaña del Gobierno para desacreditar el sistema público de pensiones y empujar a los trabajadores hacia los planes de ahorro privados. UGT y Comisiones Obreras (CCOO) inician esta semana un calendario de movilizaciones bajo el lema Salarios dignos, pensiones dignas, no al 0,25%. Ese porcentaje anual mínimo legal que han subido las pagas de los jubilados en los últimos cinco años -muy por debajo del IPC, que cerró 2017 al 1,2%- hace que de, seguir así, "en 15 años los pensionistas pierdan un 30% de poder adquisitivo", alertó ayer el secretario general de pensionistas y jubilados de CCOO en A Coruña, Manuel Santiso. CCOO y UGT reclaman que se derogue la reforma de 2013, que se vuelvan a vincular las pensiones al IPC real y que se garanticen retiros dignos "del presente y del futuro".

"Las pensiones de hoy están mal, pero las del futuro pensamos que están peor", lamentó ayer el secretario general de pensionistas y jubilados de CCOO en Galicia, Carlos Mella, en una rueda de prensa conjunta de CCOO y UGT en A Coruña para presentar el calendario de movilizaciones. La primera concentración será el jueves a las 12 ante la Delegación del Gobierno. La semana que viene recogerán firmas. El 1 y el 22 de marzo volverán a concentrarse, esta vez ante la Tesorería de la Seguridad Social.

La evolución de la paga de los jubilados por debajo del incremento del coste de la vida es un problema común en todo el país, pero sus consecuencias son más graves en Galicia, ya que actualmente es la segunda comunidad con las pensiones más bajas. En este sentido, CCOO mostró su preocupación porque más de 500.000 gallegos cobran menos de 680 euros al mes.

El secretario general de CCOO en A Coruña, Cristóbal González Triñares, fue más allá en la previsión de pérdida de poder adquisitivo y avisó de que si no se deroga la norma de 2013, en 20 años caerá a la mitad. "Hay una campaña de poner en cuestión el sistema público, cuando las pensiones son viables", defendió. Añadió que el Gobierno español destina el 11% del PIB a pagarlas, mientras que "en Francia e Italia es el 15%", por lo que rechazó que el gasto sea elevado.

Los sindicatos apuestan por actuar sobre los ingresos de la Seguridad Social para garantizar el sistema. Primero, con una de los subida de salarios que permita aumentar las cotizaciones. Segundo, con una reforma fiscal que no canalice las ayudas a las empresas a través de bonificaciones en sus pagos a la Seguridad Social. "Si no es suficiente, que se complete con impuestos", concluyó el secretario general de UGT en A Coruña, José Carrillo. Rechazó además que el cálculo de la pensión se extienda en el futuro a toda la vida laboral, ya que rebajaría la paga entre un 15% y un 20%, según sus cálculos. Carrillo remarcó que los planes privados "no garantizan las pensiones" y que incluso "mucha gente perdió dinero".