Los dos inspectores designados por el Banco de España para analizar la documentación sobre Popular en el marco de la investigación sobre su proceso de venta deberán investigar si el folleto y la documentación correspondientes a la ampliación de capital lanzada por la entidad en mayo de 2016 ofrecían la "imagen fiel" del banco y estaban libres de "cualquier tipo de manipulación o deformación".

Así lo señala el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto con fecha de este mismo jueves, en el que establece los criterios que deberán seguir estos dos peritos.

Este auto sigue al emitido este miércoles por el juez del caso, en el que requiere ingente información sobre la entidad al propio Popular, a Santander, al Banco de España, al Banco Central Europeo (BCE), a la Junta Única de Resolución (JUR), a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la auditora PwC, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), a Morgan Stanley, a Citibank España y a distintas entidades relacionadas con el proceso de venta privado que puso en marcha Popular con anterioridad a su resolución.

Los inspectores deberán también verificar la razonabilidad de las hipótesis para la estimación de posibles pérdidas por importe de 2.000 millones de euros que estaban incluidas en el folleto de la ampliación de capital.

Además, los peritos deberán dictaminar si las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 publicadas por Popular se confeccionaron de acuerdo a la normativa contable.

En este sentido, deberán indicar los posibles impactos de la reexpresión de las cuentas de 2016 --comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en abril de 2017--, de los cargos calificados como no recurrentes en las cuentas del primer trimestre de 2017 y de los ajustes reflejados en las cuentas de junio de 2017, tras la resolución de la entidad. También deberán indicar el impacto del cambio de la normativa de estimación de deterioros.

Los inspectores tendrán que valorar los principales movimientos en la información financiera de los ejercicios 2016 y 2017 y elaborar un informe sobre la suficiencia de recursos propios y de los ratios de capital del banco, con un examen especial sobre los análisis de planificación de capital y el proyecto 'Sunrise' y las operaciones con títulos del banco, especialmente la financiación vinculada a la compra de acciones.

Además, el juez les pide informes sobre la evolución y las causas de la resolución, los resultados de la entidad desde 2012 y la venta de sociedades participadas, ramas de actividad y participaciones accionariales en otras entidades durante 2016 y 2017.

Política de remuneraciones

Asimismo, los peritos deberán elaborar un dictamen sobre la adecuación a la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito de la política de remuneraciones de Popular.

Precisamente, en los últimos días se ha dado a conocer que la CNMV ha abierto un expediente por el que podría sancionar a Popular, actualmente filial de Santander, con hasta un millón de euros por no informar de forma clara en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de la indemnización en forma de pensión que recibirían tras su cese, y hasta la edad legal de jubilación, los consejeros ejecutivos de la entidad.

Por otra parte, los peritos tendrán que elaborar un infome sobre el cumplimiento de la normativa de préstamos a partes vinculadas y una explicación sobre la estructura del grupo, su modelo de negocio, la evolución anterior a estos años, el origen de las pérdidas en los últimos años y cualquier otro extremo que se estime de interés para la causa y necesario para la adecuada comprensión del informe.

Documentación

Entre los documentos requeridos por el juez se encuentran el informe de valoración elaborado por Deloitte, una copia del 'Plan Sunrise' --ideado por el expresidente de Popular Ángel Ron y que no se llegó a poner en marcha--, informes sobre la liquidez de emergencia aportada a la entidad, requerimientos realizados por los supervisores al banco, informes sobre la reexpresión de las cuentas del ejercicio y actas de reuniones, entre otros muchos.

Así lo refleja el auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, firmado por el juez Fernando Andreu, que tiene fecha del miércoles 14 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press.

Concretamente, al Banco de España le requiere, entre otros, los informes relativos a las retribuciones globales de los consejeros y los directivos de Popular en los años 2016 y 2017, los de la última ampliación de capital del banco, los de inspección a la entidad, la decisión 'Fail or likely to fail' del BCE, la información remitida al consejo de supervisión del BCE sobre la situación de Popular y las actas de las reuniones mantenidas por el supervisor europeo, el Banco de España y la entidad desde diciembre de 2015.

Por otra parte, el juez pide al BCE que aporte una copia certificada del documento resultante del Programa de Supervisión Ordinaria sobre Popular en los años 2016 y 2017, mientras que el magistrado solicita a la JUR el informe de Deloitte.

El Frob, por su parte, deberá remitir una copia de los expedientes administrativos abiertos en relación con Popular en 2016 y 2017, además de una copia de las comunicaciones remitidas por Santander desde la resolución.

Al propio Popular le requiere unos 35 documentos, entre los que se encuentran las actas de las reuniones del consejo de administración, del comité de auditoría, del de riesgos y del de dirección desde 2014; una copia del informe de auditoría interna que motivó la reexpresión de las cuentas de 2016, así como que indentifique a las personas que la llevaron a cabo y quienes decidieron que se realizara.

Además, le pide información sobre lo abonado por el banco en concepto de retribuciones, dietas, pluses, indemnizaciones, planes de pensiones y primas de fichajes, entre otros; cálculos de provisiones; inventarios de ventas; informes de seguimiento diario de liquidez desde el 31 de marzo del pasado año y ofertas de compra o de ampliación de capital recibidas desde diciembre de 2015, entre otros documentos.

Pide la investigación de la CNMV

En cuanto a la CNMV, el juez Andreu solicita el informe sobre los requerimientos e investigaciones realizados hasta la fecha para dilucidar la existencia de ocultación de pérdidas provenientes de ejercicios anteriores a 2017.

El presidente del supervisor, Sebastián Albella, informó acerca de esta investigación el mes pasado en el Congreso de los Diputados, donde contó que se encuentra analizando "en qué medida es razonable" imputar íntegramente a los primeros seis meses de 2017 los últimos resultados de Popular, correspondientes al primer semestre del pasado ejercicio, o si debían haberse imputado en ejercicios anteriores.

La CNMV deberá remitir otros documentos, como todos los hechos relevantes de la entidad entre 2014 y el día de la resolución; expedientes sobre la cotización del banco de 2015, 2016 y 2017; el expediente del registro y aprobación de la ampliación de capital de 2016; los requerimientos efectuados a Popular e información sobre si entre mayo de 2016 --fecha de la ampliación de capital de Popular-- y el momento de suspensión de la cotización la propia entidad, sus filiales o los miembros de su consejo compraron o negociaron sobre acciones de la entidad.

PwC deberá aportar papeles de trabajo de las auditorías de 2015 y 2017, así como de los ajustes comunicados en abril de 2017 sobre las cuentas de 2016.

Por otra parte, a Santander se le requieren los informes de adquisición de la entidad y anteriores ofertas de compra analizadas y las realizadas en 2016 y 2017.