22 de febrero de 2018
22.02.2018

El transporte gallego presenta las primeras demandas judiciales por el cártel del camión

Los afectados interpusieron más de cien en A Coruña - Socios de Fetram reclaman en los juzgados gallegos mientras que Fegatrans sopesa acudir a la Justicia de otros países

22.02.2018 | 01:12
Camiones de Scania, una de las seis marcas fabricantes que acordaron inflar los precios.

El sector gallego del transporte de mercancías por carretera ha comenzado a presentar las primeras demandas judiciales contra los fabricantes de camiones que fueron multados por la Comisión Europea (con una sanción conjunta de casi 4.000 millones de euros) por haber operado como un cártel y manipulado los precios de los vehículos entre 1997 y 2011. Este fraude pudo perjudicar a hasta 30.000 transportistas gallegos, según los cálculos iniciales del sector, aunque no todos están en disposición de denunciar. De momento, más de un centenar lo hizo ya en la provincia de A Coruña.

La Federación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Fetram), que representa al 40% del sector en la comunidad, confirmó a este diario la presentación de las primeras denuncias por el cártel del camión en los juzgados gallegos. Su presidente, Antonio Señarís del Río, que lidera además la Asociación Coruñesa de Empresarios del Transporte (Ascentra), explica que en la provincia se han presentado ya más cien en las últimas semanas. Sin embargo, teme que la huelga de la Justicia gallega retrase un proceso que ya es lento de por sí por la dificultad de peritar y acreditar los daños en cada caso. Para denunciar es preciso conservar la documentación de adquisición de las unidades afectadas -en algunos casos hace más de 20 años de la compra- y probar con informes los perjuicios.

Por ello, el coordinador general de la Federación Galega de Transportes (Fegatrans) -la otra agrupación mayoritaria del sector-, Alberto Vila, matiza que no es lo mismo el número de afectados que el de reclamantes. Las estimaciones iniciales de Fegatrans eran de hasta 30.000 transportistas gallegos que podrían reclamar unos 150 millones de euros, a razón de 5.000 euros de media por camión. Por el momento son 1.500 los socios de esta federación que han iniciado los trámites previos a la reclamación judicial -otros tantos de Fetram lo hicieron ya-. Vila detalla que estos asociados notificaron a las correspondientes empresas responsables del fraude su reclamación para "interrumpir la prescripción", de manera que podrán interponer la denuncia en los juzgados después de abril, cuando en principio vence el plazo al cumplirse un año desde que Bruselas dio a conocer los documentos determinantes para la reclamación.

"Necesitamos cuantificar el daño ocasionado en cada camión; es un trabajo para el que hemos contratado una consultora que calcula que tendrá los informes periciales para después del verano y a partir de ahí se podrán presentar las demandas en los juzgados", explica el representante de Fegatrans. Los afectados de esta federación seguirán así los pasos de sus colegas de Fetram y llegarán a los tribunales hacia finales de año, según estima Vila. Este portavoz del sector añade que, en su caso, aún deben decidir si acuden a la Justicia española u optan por la de algún otro país europeo que les resulte más ventajosa. "Estamos estudiando si nos interesa más ir a Holanda, Alemania o Reino Unido y por ahora parece que en Holanda puede ser beneficioso", aclara.

El número de afectados no se limita a quienes compraron camiones directamente a Iveco, Daimler-Mercedes, DAF, Volvo-Renault, MAN y Scania durante los catorce años en los que se demostró que se pusieron de acuerdo para inflar los precios entre un 10% y un 20%. También se probó que pactaron demorar la instalación de motores de menor consumo y menos contaminantes. Por este motivo, compradores de camiones de segunda y tercera mano también reclamarán daños por el gasto excesivo en combustible y por la pérdida de eficiencia de sus vehículos.

El proceso de reclamación que inician ahora los transportistas gallegos está avalado por una sentencia dictada el mes pasado por el Tribunal Regional de Hannover (Alemania), la primera condena judicial contra los fabricantes europeos de camiones por el cártel. En su fallo, el tribunal condena al fabricante alemán MAN a indemnizar al ayuntamiento de Göttingen, que en el periodo en el que operó el pacto adquirió siete camiones a la marca.

MAN, DAF, Daimler, Volvo-Renault e Iveco admitieron el comportamiento ilícito por el que la Comisión Europea les impuso una multa récord de 2.930 millones en julio de 2016. Scania, en cambio, negó su participación en el cártel de camiones europeo y rechazó colaborar en la investigación, pero no se libró de la multa. El pasado septiembre Bruselas sancionó al fabricante sueco con 880,5 millones, lo que eleva la cifra global a 3.810,5 millones.

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