Los jubilados están en pie de guerra contra el Gobierno, con protestas en toda España que se repitieron ayer, por la "mísera" revalorización de las pensiones del 0,25% en los últimos cinco ejercicios -que en muchos casos supone alzas en su cuantía que no llegan ni al euro-, lo que provoca pérdidas de poder adquisitivo como consecuencia de aumentos de los precios superiores al 1%. La situación es especialmente delicada en el caso de Galicia, que cuenta con la segunda pensión de jubilación media más baja (solo por delante de Extremadura) y es, con gran diferencia, la autonomía en la que más prestaciones de este tipo tienen una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), el 56%. Este escenario hace que miles de pensionistas gallegos sean especialmente vulnerables a esas mínimas revalorizaciones de las pagas por parte del Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy y que su economía familiar se vea seriamente comprometida.
La comunidad gallega registró el año pasado una media de 471.471 pensiones de jubilación y más de la mitad, 264.003, no alcanzaba los 707,7 euros mensuales fijados en España como sueldo mínimo para 2017. Ese 56% de prestaciones por debajo del SMI es el porcentaje más alto de España y quince puntos superior a la media, del 41%. La diferencia también es considerable con la siguiente comunidad de la lista, Andalucía, con un 48,4% de pagas de jubilación que no alcanzaban los 707,7 euros al mes el año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La brecha con Madrid -la comunidad con menor proporción de prestaciones inferiores al salario mínimo, el 29,5%- es abismal, de casi 27 puntos, lo que implica que Galicia casi duplica el porcentaje madrileño.
Si la estadística se mira por sexos, la situación de las pensionistas gallegas que cobran prestación por jubilación es todavía más delicada. Según las estadísticas de la Seguridad Social, el 81% de ellas (161.396 de un total de 199.406) cobró el año pasado del Estado menos de 707,7 euros al mes.
La protesta creciente en la calle -ayer hubo concentraciones en las principales ciudades de España y Galicia- coincide con un aumento de la tensión política que ayer se plasmó en broncos enfrentamientos entre partidos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Mientras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá próximamente en un pleno del Congreso dedicado a las pensiones. Ayer aseguró: "Quiero subir las pensiones, pero es un problema de poder (...) No podemos gastar lo que no tenemos".
Mientras, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la gallega Irene Garrido, defendió que la "idea" del Gobierno es que las pensiones públicas se suban "lo máximo que se pueda permitir el sistema", por lo que abogó por analizar en el Congreso "hasta donde se puede llegar y de dónde se pueden obtener recursos" y pidió consenso político y no entrar "en juegos políticos ni debates electorales".
Precisamente, una concentración celebrada en Madrid coincidió con la reunión ordinaria en el Congreso de la Comisión del Pacto de Toledo, donde se analiza desde hace quince meses la situación del sistema público. Aunque la sesión fue a puerta cerrada, se supo que hubo choques verbales subidos de tono, incluso a voz en grito, entre miembros del PP y de la oposición de izquierdas, que forzó una próxima reunión centrada en el mecanismo de revalorización de las pensiones, contra la opinión del partido del Gobierno. Su presidente, Mariano Rajoy, anunció, ante la escalada de tensión en la calle y sus repercusiones políticas, que comparecerá, "en diez o doce días", en un pleno del Congreso monográfico sobre las pensiones. Mientras, los jubilados volverán a la calle el próximo 17 de marzo.
Y es que el problema no tiene fácil solución y los sindicatos rechazan las "improvisaciones" del Gobierno, como su propuesta de aplicar deducciones fiscales a algunos pensionistas, una medida que, según CCOO, solo afectaría al 10% de los jubilados.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por su parte, apostó por ser "radical" para afrontar el problema de sostenibilidad del sistema público de pensiones aunque reconoció que es un asunto "complicado". "Es la primera obligación de todos hacerlo sostenible", sentenció Linde.
