En pleno debate sobre la transición hacia un modelo energético más sostenible y bajo en carbono, Galicia saca pecho por su potencial de territorio renovable. Alrededor del 38% de todo el consumo en la comunidad gallega procede de fuentes limpias. Un porcentaje que supera el 60% -salvo excepciones como el pasado ejercicio por la durísima sequía- en el caso de la electricidad. Y quiere más. Ser "cada vez más autosuficiente", según adelantó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al hablar tras el Consello de la Xunta de las directrices que la comunidad seguirá desde este año y hasta 2020 para mejorar la eficiencia y potenciar las tecnologías verdes autóctonas. La atención se centraba en la eólica y la biomasa gracias al empujón de las últimas subastas de potencia organizadas por el Ministerio de Energía. Pero las directrices incluyen abiertamente una apuesta por añadir más megavatios (MW) en hidroeléctrica, algo inédito hasta ahora y que supone un giro de 180 grados en el bloqueo mantenido por el Ejecutivo autonómico a cualquier nuevo proyecto en los ríos de la comunidad.

De los 1.000 megavatios que la Xunta prevé que se instalen en los próximos tres años para producción de electricidad "a partir de proyectos que están en tramitación o muy avanzados", según detallan fuentes de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, hay unos 260 de hidráulica. Se sumarían a los alrededor de 3.700 en funcionamiento actualmente, el 19% de toda la potencia en embalses de España.

Aunque las cifras no están del todo claras, entre la demarcación de Galicia Costa, la que tutela la Xunta, y la Miño-Sil, en manos del Gobierno central, hay pendientes de autorización alrededor de una treintena de solicitudes para nuevas centrales en los grandes ríos o repotenciación de alguna de las que ya funciona. La fuerte presión que la actividad ejerce sobre las masas de agua en la comunidad llevó a las administraciones -y así lo recogen los planes hidrológicos de las cuencas- a ser muy escrupulosos con cualquier petición de estas características y, de hecho, públicamente la postura se decantaba por dejar invernar los proyectos.

De lo poco que se movió después de una larga travesía de años en trámites burocráticos fue la ampliación de potencia que Iberdrola hizo en el complejo de San Pedro (en el concello ourensano de Nogueira de Ramuín), con 500 MW. Fue inaugurado en enero de 2017.

En la Xunta insisten: "No se trata de posibilidades o entelequias. Las previsiones se basan en planes y proyectos concretos que están en alguna fase de desarrollo".

Otros 700 MW serán de eólica. La cifra coincide con la que el departamento que dirige Francisco Conde venía manejando tras conocerse el resultado de las tres subastas de renovables del Gobierno.

Habrá 50 en biomasa eléctrica, la potencia de la planta que desarrolla Greenalia en Teixeiro, en el concello coruñés de Curtis. En potencia térmica -para producir calor-, la Xunta habla de 200 nuevos MW, básicamente con calderas como las 5.200 incorporadas desde 2009.

Estas y el resto de medidas movilizarán, según la Xunta, unos 3.000 millones de euros, el 80% por parte del sector privado, y darán trabajo directa o indirectamente a una media de 12.000 trabajadores. El objetivo de las directrices es ahorrar 2.858 gigavatios/hora -el equivalente a la demanda de electricidad durante todo un año del comercio y la industria de la alimentación- y reducir cuatro millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono en esos tres años.