El Ministerio de Energía vendió la última subasta de los incentivos por prestar el servicio de interrumpibilidad -que reciben las empresas electrointensivas que reducen o suspenden su consumo cuando el sistema no logra atender la demanda- como "transitoria" hacia el nuevo modelo energéticomodelo energético que regiría en el sector y que estaba negociando con Bruselas. El resultado de esa puja tenía vigencia entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año y, al tratarse de un periodo tan corto, el departamento que dirige Álvaro Nadal no descartaba que hubiese subastas adicionales. Finalmente se celebrará al menos otra (aún sin fecha) para asignar el servicio desde el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre, pero las condiciones cambian y serán aún más duras para empresas como Alcoa.
El proyecto de orden del Ministerio de Energía para modificar la regulación de la prestación del servicio de interrumpibilidad plantea para la próxima puja eliminar los bloques de 90 megavatios (MW) -los de mayor tamaño y mejor remunerados, a los que aspiraba Alcoa- y crear "un nuevo producto" de 40 MW, pero no concreta el número de paquetes que pondrá en liza, algo que se sabrá cuando la orden sea definitiva. En el caso de los de 90 MW, en la subasta de diciembre del año pasado el Gobierno puso en liza ocho lotes y Alcoa aspiraba a seis -cuatro para la fábrica de San Cibrao (Lugo), uno para la de A Coruña y otro para la de Avilés (Asturias)-, pero solo logró tres, los tres para la planta lucense.
La eliminación de estos paquetes de 90 MW y la creación de otros de 40 favorece que más empresas -más pequeñas, con consumos inferiores- puedan competir por ellos, por lo que la aluminera estadounidense podría ver cómo cae su rentabilidad si baja su remuneración en la factoría de Lugo. Precisamente, el Ejecutivo admite en su propuesta de orden que la experiencia acumulada desde que se puso en marcha el sistema de subastas -en 2015- "permite introducir mejoras técnicas que supongan mayor flexibilidad para la operación del sistema y que redunden en un aumento de la competencia", una cuestión sugerida "por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en diferentes informes emitidos desde la puesta en marcha de este mecanismo competitivo".
Energía también busca complacer a Bruselas con el cambio, pues el Ejecutivo comunitario está analizando si los incentivos dados a la gran industria por la interrumpibilidad pueden considerarse ayudas de Estado. "Esta modificación se encuentra además alineada con las directrices de la Comisión Europea", reza la propuesta de orden del departamento que dirige Nadal.
Alcoa prefiere no analizar los efectos de las nuevas condiciones de la subasta pero sí considera necesario que la orden de retribuciones reconozca "el valor" de la "alta disponibilidad" para prestar el servicio de empresas como la aluminera. Y, en esta línea, defiende que la reducción de potencia de los bloques de mayor tamaño debe compensarse con un incremento en el número de lotes grandes en liza.
La disponibilidad de Alcoa en la prestación del servicio de interrumpibilidad quedó patente en lo que va de año con la aplicación de esta medida por motivos económicos -para abaratar la factura de la luz del consumidor final- en varias ocasiones, lo que provocó que las fábricas españolas de Alcoa sufriesen cortes del suministro eléctrico al menos siete veces cada una.
"La industria del aluminio, la más electrointensiva, precisa un marco energético estable que aporte certidumbre y le permita ser competitiva frente a otros países europeos del entorno", aseveraron fuentes de la aluminera estadounidense a preguntas de este diario.
El Ministerio de Energía publicó el pasado sábado un anuncio en el Boletín Oficial del Estado en el que comunica que la propuesta de orden está en el trámite de audiencia y da siete días hábiles de plazo para que las empresas planteen "eventuales observaciones". Alcoa afirma estar "analizando el documento" y desconoce si presentará alegaciones.
