La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum, organismo dependiente del Ministerio de Economía) defiende la necesidad de que la Xunta justifique "fehacientemente" la prohibición de segregar las centrales hidroeléctricas y las fábricas de ferroaleaciones que Ferroatlántica tiene en A Costa da Morte, según informó ayer la compañía controlada por el Grupo Villar Mir. La decisión del Ejecutivo gallego impidió a la compañía vender los saltos de agua de los ríos Xallas y Grande.

El dictamen de este organismo no es vinculante (no obliga a la Xunta a dar ningún paso) pero, según los datos facilitados por la empresa, señala que las actividades de generación de energía hidroeléctrica y de producción de ferroaleaciones "constituyen actividades económicas y como tales están incluidas en el ámbito de actuación de la LGUM [Ley General de Unidad de Mercado]", una normativa que es de aplicación "en cualquier lugar del territorio nacional". Amparándose en estas apreciaciones, Ferroatlántica defiende que el Ejecutivo gallego no puede "impedir el desarrollo de la empresa" alegando "una defensa del interés general que no acredita".

La Secum invoca también, según la información facilitada por la compañía que controla Villar Mir, la LGUM para señalar que las autoridades deben aplicar "el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones", por lo que la empresa entiende que la Xunta debería verificar si hubiera sido posible otra medida distinta a la prohibición de segregar los activos que no limitase hasta tal punto la libertad de empresa.

La filial del grupo Ferroglobe -fruto de la fusión de la española Ferroatlántica y la estadounidense Globe- recuerda que esta resolución se suma al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en febrero y que también cuestionaba la falta de suficiente justificación en la decisión de la Xunta. De hecho, la compañía prevé utilizar estos informes en el proceso judicial -el caso está en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia- abierto tras la negativa del Ejecutivo gallego a la segregación de los activos de Cee y Dumbría.

Ferroatlántica pretendía separar las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande de las fábricas de ferroaleaciones para vender las primeras, pero para ello precisaba que la Xunta revocase la cláusula que desde los años 90 vincula las plantas con los activos energéticos. El Ejecutivo gallego rechazó la solicitud de la firma, lo que, según la propia empresa, impidió una inversión de 100 millones para mejorar "su capacidad de fabricación y crear 500 empleos en la provincia coruñesa".

La resolución del organismo dependiente del Ministerio de Economía también establece que los requisitos que se impongan en las concesiones tiene que superar el test de los principios de la ley de unidad de mercado y que deben cumplir "el principio de necesidad y proporcionalidad en el sentido de que deben responder a una razón imperiosa de interés general".