El exvicepresidente económico del Gobierno y ex secretario general del FMI, Rodrigo Rato, declaró ayer ante el juez que cobró por sus servicios como conferenciante de 2007 a 2012 y en 2014 de forma legal, al igual que "muchas otras personas", ya que desde 2002 es "plenamente legítimo" en España "facturar a través de empresas", señaló.
Rato, que prestó declaración por el supuesto fraude fiscal en el cobro de conferencias (una de las causas judiciales que se siguen contra él), alegó que es víctima de un "claro caso de discriminación" dado que a "otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores" a las suyas -alegó- no se les ha atribuido delito fiscal alguno.
En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año que no ha prescrito y en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" fijados por el Código Penal como delito. Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y en 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros.
El exvicepresidente del Ejecutivo también denunció que, desde que se le detuvo en abril de 2015, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) hizo hasta once informes sin llegar a redactar uno definitivo y que la deuda tributaria superior a los 8,5 millones que se le atribuía en movimientos de divisas "ha quedado reducida a cero".
