El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que se centrará especialmente en la calidad del empleo y dará prioridad a actuaciones en el ámbito de la discriminación por género y la brecha salarial. El plan se estructura en cuatro ejes y fija doce objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años. En concreto, reforzará el control de la contratación temporal injustificada, a tiempo parcial y de los contratos formativos; priorizará actuaciones en el ámbito de la discriminación por género, con campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.
La Inspección también realizará actuaciones para un mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo y de las subcontratas y las empresas multiservicio; pondrá en marcha nuevas unidades inspectoras especializadas en prevención de riesgos laborales, y acometerá actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
El plan prevé continuar con los esfuerzos para mejorar la dotación de las plantillas, el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección.
La aprobación de este nuevo programa supone pasar del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se aprobó en 2012 a un plan estratégico que, sin olvidarse del fraude, se centra sobre todo en la calidad del empleo. Con el plan anterior, el aumento de los efectivos de la Inspección de Trabajo (desde 2012 y a través del desarrollo de las ofertas públicas de empleo en marcha se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores) y una mayor coordinación entre la Inspección, el Ministerio del Interior, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las comunidades, se ha conseguido mejorar la eficacia de las actuaciones inspectoras.
Desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero, la Inspección de Trabajo afloró 519.056 empleos irregulares; detectó más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, y logró convertir más de 359.191 contratos, indebidamente temporales, en indefinidos. El impacto económico global estimado de todas estas actuaciones alcanza los 21.198 millones de euros.
Durante el ejercicio 2016, según el último informe territorializado del organismo, en Galicia las sanciones alcanzaron los 15,1 millones de euros y hubo otros 64,3 millones derivados de expedientes liquidatorios. Los inspectores ordenaron el alta en la Seguridad Social de un total de 4.329 trabajadores en la comunidad que no figuraban como afiliados y la conversión en indefinidos de 4.403 falsos temporales.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social responde a un modelo de configuración único, ya que sus funcionarios ejercen competencias estatales y autonómicas en el marco de una única actuación inspectora. La consolidación de este modelo, según el Gobierno, requiere un sistema de gobernanza más compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para lograr una mayor flexibilidad en la dirección y gestión de la institución. Por eso, el Consejo de Ministros también aprobó ayer un real decreto para dotar a la Inspección de Trabajo de una nueva estructura y configurarla como un organismo estatal, desarrollando de este modo la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que fue aprobada durante la pasada legislatura.
