La reducción de costes, especialmente aquellos que no están directamente vinculados al mercado laboral, es una de las principales recetas en las que trabaja la Comisión del Pacto de Toledo para intentar sacar a la Seguridad Social del déficit que padece desde 2011 y arrojar un poco de luz en el oscuro futuro del sistema público de pensiones. ¿Cuánto bajaría la factura del organismo? Solo con cambiar la financiación de las prestaciones de viudedad el ahorro rondaría los 21.400 millones de euros, un 17% del gasto total, según la previsión de liquidación de los presupuestos del pasado ejercicio. No sería la primera vez que ocurre algo así. Desde 2014 los complementos a mínimo que reciben los beneficiarios con las cuantías más bajas corren a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Ante la progresiva mejora en la pensión media por las mayores cotizaciones de los nuevos pensionistas -truncada, eso sí, por el problema del paro que muchos de ellos vivieron al final de su vida laboral con el estallido de la crisis-, lo lógico sería que el número de personas con derecho a este redondeo disminuyera. Lo hace, pero muy poco: solo un 5,6% en Galicia en los últimos cuatro años. De ahí que uno de cada tres pensionistas en la comunidad necesite la ayuda del Estado para contar con unos ingresos mínimos.

A 31 de diciembre, como recogen los datos incorporados al proyecto de presupuestos de la Seguridad Social para ese ejercicio, había en Galicia 239.259 pensiones con complemento a mínimo. ¿Cuáles son los criterios a cumplir? O no recibir ningún tipo de rendimientos de trabajo, capital, actividades económicas o ganancias patrimoniales y, si los hay, que el global de ingresos no supere los 7.133,97 euros al año -594,5 euros mensuales- o los 8.321,85 euros -693,5 al mes- en caso de tener un cónyuge a cargo.

En esos niveles se mueve el 31,4% de las pensiones de Galicia, quinta comunidad en la que más peso tienen sobre el conjunto de las prestaciones. En Extremadura, el único territorio con una cuantía media más baja que la gallega, superan el 47%. En Castilla-La Mancha alcanzan el 39,6%; el 34,1% en Andalucía; y el 31,9% en Canarias. En todo el país representan el 25,3%. Las zonas donde hay menos pensiones con complemento son Asturias y Cataluña, ambas con el 16,7%, Madrid (16,6%) y País Vasco (12,2%).

Desde el máximo alcanzado en 2013, cuando había 253.600 pensiones en Galicia con complemento a mínimo, el número descendió en 14.327. En el conjunto del país, la reducción fue todavía menor, del 3%, hasta las 2.419.347. Canarias y Madrid son las únicas autonomías que acumulan un repunte, un 5,7% y un 1,6% más que en 2013, respectivamente. En Aragón, Asturias y Castilla y León, en cambio, la caída roza el 9%.

La preocupación de los ciudadanos por el futuro de las pensiones futuro de las pensiones se ha duplicado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto desde 1985, el máximo de toda la serie histórica, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según la última encuesta del CIS. El barómetro, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado marzo, coincidiendo con las masivas movilizaciones en defensa del sistema y la recuperación del poder adquisitivo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto. El 15,5% cita las pensiones como uno de los problemas del país, frente al 8,8% de la encuesta elaborada en febrero.

Los españoles reconocen también que la mayor contribución de los abuelos a la sociedad en su conjunto es la ayuda económica (37,7%), por delante de mantener la familia unida (25,7%), cuidar de otros miembros de la familia (23,8%) o dar cariño (23,4%) y consejos (23,1%). Preguntados sobre la contribución que los abuelos realizan a su familia en la actualidad, dar cariño se mantiene como primera opción (19,8%).

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