El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó ayer los pormenores del presupuesto alternativo que los socialistas defenderán en su enmienda a la totalidad de las cuentas del Gobierno para este año. Esa alternativa supone un aumento de 8.000 millones de euros de gasto y beneficiaría directamente a 16,2 millones de personas, de los que 4 millones serían jóvenes, según los socialistas. En materia tributaria, la propuesta supondría elevar al 52% el tipo del IRPF para las rentas más altas (a partir de los 150.000 euros), reducir bonificaciones a las grandes empresas en el tributo de sociedades y subir también la fiscalidad sobre el gasóleo hasta igualarla a la de la gasolina.

Sánchez expuso que bajo el lema Hagamos un país mejor, el PSOE aboga por un "contrato social" donde exista un crecimiento económico sostenible y una redistribución de las rentas. Añadió que, teniendo en cuenta los objetivos de déficit público y la regla de gasto que establece el Gobierno en el marco de Bruselas, el PSOE propone un aumento presupuestario de 7.999 millones, de los que 2.500 millones vendrían de políticas de ahorro y de eficiencia del gasto público, mientras que otros 6.000 millones estarían vinculados a una mayor recaudación tributaria y 1.500 millones procederían de la lucha contra el fraude fiscal. El secretario general del PSOE plantea una subida del IRPF para las rentas superiores a 150.000 euros que situaría el tipo del impuesto en el 52% en todas las comunidades.

Actualmente la mayoría de autonomías está en el 48% o levemente por debajo, mientras que en el caso de Galicia el tipo es de los más bajos, del 45%, solo por encima de Madrid y Castilla y León. El PSOE plantea también elevar el gasto protección de los desempleados, educación e I+D+i, y que las pensiones suban con arreglo a la inflación.

Los presupuestos alternativos de los socialistas recogen un acuerdo para fijar un ingreso mínimo vital y protección, por importe de 3.600 millones, de los que 1.200 millones irían a protección por desempleo, recuperando el subsidio para mayores de 52 años, la extensión del subsidio para desempleados de larga duración con responsabilidades familiares, y 2.400 millones del plan de choque contra la pobreza, con la puesta en marcha del sistema integrado de ingreso mínimo vital para las familias sin ingresos, que beneficiaría a 700.000 familias sin ingresos y 1,8 millones de personas.