El Tribunal Supremo ha confirmado que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego y Gregorio Gorriarán -procedentes ambos de Caixanova- tendrán que pagar 10,4 millones de euros a "la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de Novacaixagalicia" por el cobro de prejubilaciones millonarias, y ha exonerado a Óscar Rodríguez Estrada de "toda responsabilidad civil". José Luis Pego deberá devolver 6.476.237 euros y Gregorio Gorriarán, 3.969.349 euros. El Alto Tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de "altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria".
"Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron que, mediante engaño, se les aprobaran unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos doce millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes. Dinero que cobraron en el año 2011, esto es, cuando llevábamos ya tres años aportando dinero público a las entidades bancarias en crisis", reza textualmente el fallo, emitido el pasado 9 de abril.
La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente los recursos de casación de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de octubre de 2016, que los declaró responsables civiles solidarios en el delito de apropiación indebida por gestión desleal. Además deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria atribuida a los tres exdirectivos y establece la responsabilidad directa de Pego y Gorriarán, al tiempo que exonera a Rodríguez Estrada de toda responsabilidad civil.
En septiembre de 2016 el Tribunal Supremo ratificó las condenas penales de dos años de cárcel para la antigua cúpula de Novacaixagalicia a pesar de considerarlas "exiguas" e instaba a la sala a corregir un error en el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil. El pronunciamiento de la Audiencia Nacional, de octubre de 2015, recogió punto por punto la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que argumentó que las prejubilaciones de los exdirectivos eran parte de un "plan urdido" para "buscarse una situación todavía más favorable económicamente" de cara a su salida de la entidad. Los acusados siempre lo negaron.
Pego, Gorriarán y Estrada fueron condenados a dos años de prisión, al igual que Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas. Aunque Anticorrupción reclamó su regreso a la cárcel, la Sala de lo Penal ratificó que pueden continuar con el segundo grado "flexible" que les permite alternar su estancia en prisión y los trabajos en beneficio de la comunidad.
