El Gobierno calcula en 1.800 millones de euros el coste del rescate de las nueve autopistas quebradas que está ejecutando este año, según indica en la actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas el pasado lunes, lo que supone una rebaja del 10% respecto a la de 2.000 millones realizada en el anterior plan, remitido el pasado otoño.
El Ejecutivo prevé atender gran parte de este impacto del rescate en las arcas públicas con los hasta 1.000 millones de euros que confía obtener con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, prevista en la segunda mitad del año.
El coste corresponde al pago de la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) recogida en las concesiones: se debe pagar a las empresas actualmente concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro de los peajes a los usuarios.
