La presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero, y el secretario xeral del sindicato CIG, Paulo Carril, abordaron esta semana la situación de la industria electrointensiva en España tras la última subasta de la interrumpibilidad y analizaron los cambios que prepara el Gobierno en el sistema. El nuevo modelo de compensación para la gran industria -para reducir su factura eléctrica y hacerla competitiva- consiste, explicó la central sindical, en ir hacia una subasta de los incentivos eléctricos "más baja", de menos millones de euros de inversión, y bonificar a las empresas con dos nuevos mecanismos con cargo a los presupuestos del Estado. "La compensación por CO2 [emisión de dióxido de carbono], que incluye una partida de 78 millones de euros, y por renovables, concepto para el que habría 150 millones de euros", detalló la central nacionalista tras su reunión con la líder de AEGE.
Carril denunció además que el sistema de puja actual "no es un mecanismo válido para empresas de este volumen de negocio, que no pueden estar todos los años jugándose el futuro". Por ello, apostó por una tarifa estable para el sector en la que los cambios puedan ser predecibles y que las empresas puedan realizar "las inversiones que consideren necesarias y tener así una previsión de futuro".
El líder del sindicato nacionalista también defendió que algunos costes que el Gobierno carga en la tarifa eléctrica (como el sistema extrapeninsular) deben sufragarse con cargo a los presupuestos del Estado y no vía tarifas.
