El resultado de la subasta de los incentivos eléctricos por prestar el servicio de interrumpibilidadservicio de interrumpibilidad -por el que la gran industria reduce o suspende el consumo de energía cuando hay una emergencia en el sistema o para abaratar la factura del consumidor final- celebrada entre el lunes y el miércoles de esta semana ha soliviantado a la mayoría de empresas participantes en el proceso, que claman contra la reducción cercana al 40% en los fondos repartidos este año por el Ministerio de Industria. El departamento que dirige Álvaro Nadal cambió algunos de los criterios en el reparto de las compensaciones por prestar el servicioÁlvaro Nadal -como reducir el tamaño de los bloques grandes (mejor remunerados) de 90 megavatios (MW) a 40- para favorecer una mayor competencia y reducir su coste. En esta ocasión, al contrario que en ejercicios anteriores, esos cambios han surtido efecto y la mayor competencia redujo considerablemente el gasto de disponer de este servicio para las arcas públicas. El desembolso total del Gobierno este año tras asignar la interrumpibilidad para el periodo de junio a diciembre -en diciembre del año pasado lo adjudicó para los primeros cinco meses del ejercicio- asciende a algo menos de 316 millones de euros, casi un 40% menos que los 525 millones de euros abonados en todo 2017 a la gran industria asentada en España. De hecho, desde que se implantó este sistema de puja descendente (se adjudica el servicio a aquel que está dispuesto a prestarlo por una menor compensación económica) el montante global pagado por el Ejecutivo central nunca había bajado de los 500 millones anuales, con 508 millones en 2015, alrededor de 503 un año después y esos 525 millones de 2017.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) -que agrupa a empresas electrointensivas asentadas en Galicia como Alcoa, Ferroatlántica, Celsa o Megasa- calificó el resultado de la puja de esta semana de "nuevo jarro de agua fría" para el sector por ese "drástico recorte" del 40% en los fondos que percibirán las compañías que prestan el servicio de interrumpibilidad.
La patronal de las firmas grandes consumidoras de energía presentes en España carga contra los cambios introducidos por el Gobierno en el sistema de reparto por provocar "una enorme incertidumbre y tremenda volatilidad" pese a que desde este año hay una mayor utilización del servicio al cortarse el suministro a las fábricas también por criterios económicos, cuando sale más barato recurrir a esta opción que dar entrada al pool eléctrico a fuentes de generación más caras que elevan la factura del consumidor final. En lo que va de año, aseguran los responsables de AEGE, la industria sufrió ya más de 600 órdenes de Red Eléctrica (operadora del sistema) de interrupción del consumo amparadas en criterios económicos.
El recorte de los incentivos que recibirán las empresas electrointensivas supone un problema más para el sector, que denuncia que los costes eléctricos en España son hasta un 30% más altos que los de sus competidores de otros países europeos, una diferencia que habitualmente se compensa, en parte, con las primas por la interrumpibilidad. Por ello, y para evitar esa pérdida de competitividad, la patronal AEGE exige medidas "urgentes y estables" para lograr precios eléctricos similares a los del resto de grandes industrias europeas. Sobre este aspecto, la asociación asegura estar dispuesta a colaborar con la Administración en el desarrollo de la regulación que permita a la industria ser competitiva y considera "básico" que haya compensaciones por los costes adicionales en los que incurren las firmas electrointensivas.
Un buen ejemplo de la difícil situación en la que queda la gran industria es la multinacional estadounidense Alcoa, que cuenta con tres fábricas en España: una en San Cibrao (Lugo), la de mayor tamaño y más competitiva, y otras dos en A Coruña y Avilés (Asturias), las dos gemelas y con unos 400 trabajadores cada una. Al finalizar la subasta, los responsables de la aluminera ya dejaron caer que con los incentivos por interrumpibilidad obtenidos en la puja de esta semana las plantas de A Grela y de Avilés no son rentablesinterrumpibilidad pues sus costes de producción de una tonelada de aluminio son superiores a los precios que el producto obtiene en el mercado internacional.
Medidas alternativas
La multinacional estadounidense también urgió "mecanismos suficientes de compensación de los costes de la electricidad" como los desarrollados en otros países de la Unión Europea.
El drástico recorte en las primas recibidas por las empresas queda patente con el análisis del precio medio del megavatio y año de los productos subastados esta semana. Si el megavatio de los paquetes de 5 MW llegó a superar los 130.000 euros anuales y no bajó de los 100.000 en las pujas anteriores, en la de los últimos siete meses del año el precio del megavatio se quedó en solo 63.168 euros anuales. Mientras, en los lotes grandes (que hasta esta última puja eran de 90 megavatios y ahora pasaron a ser de 40) se pasó de niveles cercanos a los 300.000 euros el megavatio y año a cerrarse este último reparto con solo 174.174 euros anuales por cada megavatio en los productos adjudicados de mayor tamaño.
