Desde 2014 el reparto de los incentivos eléctricos entre las empresas grandes consumidoras de energía se realiza mediante una subasta inversa en la que obtiene las primas por desconectarse de la red aquella factoría que esté dispuesta a hacerlo por una compensación económica menor. Este sistema competitivo favoreció este año un descenso de los pagos a la industria del 40%, lo que complica la actividad de algunas plantas como las de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias), con costes eléctricos muy altos.
Para evitar esta situación de pérdida de competitividad, el Ministerio de Energía pretendía reformar el sistema e introducir incentivos a las empresas electrointensivas como compensación por los costes indirectos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y por renovables, según reveló a finales del mes pasado la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Las partidas reservadas en los presupuestos para estas medidas, según informó la patronal al sindicato CIG, ascendían a 78 millones en el primer caso y a 150 en el segundo, por lo que superaban los 225 millones. La reforma del modelo energético y el reparto de estos fondos, sin embargo, quedan en el aire a la espera de lo que decida el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá abordar el asunto también con la Comisión Europea para evitar incurrir en ayudas de Estado.
