El cambio en la política energética que preconiza el nuevo Gobierno español se plasmará de inmediato en las negociaciones que en la UE se mantienen sobre los planes de la llamada "descarbonización" de la economía. Mañana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defenderá en Luxemburgo, donde se reunirá con sus homólogos europeos, que los 28 se marquen como objetivo que en 2030 más del 30% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables. Para alcanzar una meta así, España debería hacer en los próximos años un magno despliegue de tecnologías "verdes" de generación eléctrica que reduciría el hueco de mercado de las centrales convencionales y podría acelerar el cierre de las de carbón. Un proceso que afectaría a las dos plantas térmicas gallegas, ambas coruñesas, de Meirama (Cerceda) y As Pontes.

El compromiso de la UE de reducir drásticamente (más del 80% en 2050 en relación con 1990) las emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas responsable del cambio climático) es firme y de lo que se negocie en cumbres como la de mañana depende la velocidad de un proceso con enormes implicaciones económicas y sociales. El paquete normativo que está en discusión se refiere al objetivo vinculante de penetración de las energías renovables (eólica y solar, principalmente en el caso de la generación eléctrica). Se debate qué proporción del consumo final de energía (resultante de la transformación de fuentes primarias de energía como el petróleo, el carbón, el sol, el viento...) debe proceder de tecnologías renovables en 2030, uno de los hitos intermedios de la "transición energética".

Están involucradas en esa negociación las tres principales instituciones comunitarias (Eurocámara, Comisión Europa y Consejo Europeo) y existen posiciones disímiles entre ellas y también entre los distintos países. El Consejo defendió en un principio un objetivo del 27%, mientras que el Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución que apuesta por alcanzar el 35%.

¿Cuál es la opinión de España? El Gobierno saliente de Mariano Rajoy, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, se alineó con las posiciones conservadoras del Consejo: partió defendiendo una transición más lenta, con una tasa del 27%, y luego se mostró abierto a llegar al 30% a condición de que se incrementara la capacidad de interconexión eléctrica entre países para favorecer los intercambios y paliar posibles subidas de los precios.

Ribera, la nueva ministra del ramo, llega con otros planes. Su entorno ha transmitido que mañana defenderá un objetivo ambicioso, y algunas informaciones han anticipado que su apuesta estará en torno al 35% que aprobó el Europarlamento con el apoyo del Grupo Socialista y protagonismo en su defensa del exministro español y ahora eurodiputado José Blanco.

Esa posición del Gobierno de Pedro Sánchez avivó la preocupación de algunas formaciones políticas de la oposición y de comunidades autónomas que cuentan con centrales térmicas en su territorio. Los críticos consideran que alcanzar el 35% renovable en el consumo de energía final en 2030 conllevaría que más del 70% de la generación eléctrica proceda de esas fuentes limpias. La participación de las energías renovables en la dieta eléctrica española ronda ahora el 45%.

Una planificación hacia 2030 con esos objetivos de generación renovable aceleraría el final de las térmicas de carbón en la medida en que su participación en el mercado de generación se reduciría más rápidamente. Desaparecería también la posibilidad, ya remota ahora, de que las empresas invirtieran en alguna de las térmicas que no han sido adaptadas a la normativa ambiental para funcionar más allá de 2020. Gas Natural Fenosa aún no ha decidido cuál será el futuro de la central de Meirama, mientras que Endesa está inmersa en los trabajos para alargar la vida útil de la térmica de As Pontes más allá de 2020. Esa adaptación a la nueva normativa de emisiones contaminantes implica inversiones millonarias.

Un rápido e intenso crecimiento de las tecnologías limpias también sería incompatible con mantener la aportación que ahora hacen las centrales nucleares (21%), que junto al carbón tienen en este momento un efecto moderador sobre los precios. Sin embargo, el Ministerio que dirige Teresa Ribera defiende, frente a la opinión del anterior Gobierno, que desplegar más placas fotovoltaicas y torres eólicas, combinado con cambios en la regulación del mercado eléctrico español, abarataría la electricidad en lugar de encarecerla. España se puede permitir, según este criterio, cerrar las centrales térmicas de carbón antes de 2025 y las nucleares antes de 2030 (según vayan cumpliendo los 40 años de actividad).