El Ministerio de Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera prevé realizar de manera "urgente" un diagnóstico de los impactos económicos y sociales que tendrá en territorios como Galicia -y especialmente la provincia de A Coruña- la apuesta del nuevo Gobierno español por una política energética que supone un raudo despliegue de energías renovables y el cierre a corto plazo (presumiblemente, antes de 2025) de las térmicas de carbón. Ribera promete adoptar "de manera inminente" medidas como incentivos a la inversión y a la creación de empleo.

La ministra de Transición Ecológica hace esos anuncios en un artículo que se reproduce en esta páginas, elaborado por Ribera a su regreso de las negociaciones que mantuvo en Luxemburgo con sus homólogos de la UE sobre los objetivos de la transición energética europea y en el contexto de la preocupación y las críticas que han suscitado en algunas comunidades las posiciones del nuevo Gobierno en esa materia. "La descarbonización de la economía mundial es un proceso irreversible", escribe Teresa Ribera, y remarca las "oportunidades" que supone para la generación de nuevos empleos y actividad económica.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha revisado la política energética de su antecesor, partidario de moverse a una velocidad más moderada hacia el objetivo, insoslayable para los países miembros de la UE, que se marca Europa para combatir el cambio climático: que en 2050 las emisiones de dióxido de carbono (CO2, gas responsable del efecto invernadero) sean inferiores en más de un 80% a las de 1990. La apuesta por un itinerario "más ambicioso" llevó a España a recolocarse con Teresa Ribera entre los gobiernos que piden una expansión más ambiciosa de las tecnologías verdes (solares y eólicas, principalmente), de forma que aporten el 35% del consumo de energía final en 2030.

Ese plan supone acelerar el cierre de las térmicas de carbón, que en Galicia afectaría a las coruñesas de As Pontes y Meirama (Cerceda). En su texto, la ministra Ribera pone el acento en la necesidad de compensar a las zonas afectadas para que la transición energética sea "justa". Reconoce la existencia de "efectos adversos" y alude al compromiso de "adoptar de manera inminente medidas de protección social y de empleo para paliarlos, facilitando calendarios viables, incentivando inversión en los territorios y asumiendo el compromiso de los actores locales en la construcción de sus sendas de transición". La ministra no precisa las medidas. En documentos de trabajo de la dirección nacional del PSOE se menciona, por ejemplo, la posibilidad de incentivar la instalación de energías renovables en las comunidades que pierdan sus centrales de carbón.

"Queremos anticipar soluciones cuanto antes", asegura Teresa Ribera, y da a entender que su departamento quiere abrir de inmediato conversaciones con las comunidades afectadas para evaluar los impactos y aplicar medidas compensatorias. "Como primer paso, debemos compartir urgentemente un diagnóstico sobre los empleos y territorios prioritarios en los que debemos actuar sin dilación alguna", remarca.

En otro momento cita a parte de los interlocutores con los que quiere abrir ese diálogo: "Es fundamental trabajar con sindicatos y actores locales, asegurar los cauces de formación y protección social que permitan construir escenarios de futuro sin generar situaciones traumáticas". "La prioridad es que este proceso no deje a nadie en el camino", concluye la ministra Ribera.

Su exposición no hace referencia a una de las preocupaciones principales de las comunidades y empresas afectadas: el impacto que el cierre de las centrales de carbón -y también el de las nucleares, igualmente previsto por el nuevo Ejecutivo- pueda tener en el precio de la electricidad. Ese posible encarecimiento en la factura de la luz afectaría a empresas asentadas en Galicia especializadas en producciones que requieren un consumo intensivo de energía, como son el aluminio, el acero o las ferroaleaciones.