14 de junio de 2018
14.06.2018

De la Mata solicita 164 años de prisión para la excúpula de Pescanova por "macrofraude"

La Audiencia Nacional impone ya fianzas de 33 millones por las multas y de otros 760 para responder a una eventual condena n Sousa encara 31 años entre rejas como principal responsable de la quiebra

14.06.2018 | 10:15
Un consejo de administración de Pescanova, con Fernández de Sousa al frente.

"Me doy cuenta de que no hay ninguna posibilidad de evitar las consecuencias de la quiebra, que será fraudulenta, y que me arrastrará sin duda a la cárcel y la ruina". Entre este mensaje de Manuel Fernández de Sousa -enviado a una persona de confianza y avanzado por este diario- y el último auto de la Audiencia Nacional sobre el caso Pescanova han pasado cuatro años, diez meses y 19 días. Por medio, la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, con 3.650 millones de euros de deuda y 16.000 folios de investigación. El magistrado José de la Mata, sucesor de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, emitió este lunes el auto de apertura de juicio oral en el que sentará en el banquillo a 19 exconsejeros, exdirectivos y la auditora BDO. Para todos reclama penas de prisión que suman 164 años y medio, fianzas por multas de 33 millones y otras de responsabilidad civil por 760 millones de euros más. En opinión del fiscal Juan Pavía, cuyas conclusiones son recogidas íntegramente por el magistrado instructor, "los acusados, siempre bajo el control último del presidente Manuel Fernández de Sousa, [actuaron] con el conocimiento y aceptación de los demás consejeros acusados, decidieron ejecutar prácticas irregulares [,,,] para seguir obteniendo financiación". Para engañar a la banca y al mercado.

Porque Pescanova estaba en quiebra ya en 2009, pero desde entonces y hasta 2013 ejecutó dos ampliaciones de capital y tres emisiones de bonos convertibles con balances falsificados con "prácticas contables irregulares". A la cabeza de esta operativa "perfectamente estructurada" estaba el expresidente Fernández de Sousa, para quien la Audiencia Nacional reclama las penas más cuantiosas por la comisión de nueve delitos: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes (alternativamente, de blanqueo de capitales), uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor. Por todo ello, De la Mata plantea la imposición de 31 años de cárcel y una multa de 22,24 millones de euros, además de fianzas solidarias de responsabilidad civil que superan los 323 millones.

"Para sortear esa situación [de quiebra] y seguir obteniendo financiación externa, los acusados [...] decidieron conjuntamente ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares a sabiendas de que con ellas agravaban la situación financiera y patrimonial de la sociedad -y, por ende, su situación de insolvencia-, la cual habrían de ocultar a sus inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador", censura el escrito de acusación de la Fiscalía. A saber, créditos documentarios con mercancía inventada, red de sociedades instrumentales con un "fin fraudulento" o líneas de factoring con "facturas inexistentes". ¿Qué consiguió la empresa? Declarar una deuda de 794 millones en 2010, cuando realmente rozaba los 3.000; o comunicar al mercado beneficios de 16 millones un año después, y en realidad los números rojos eran de 300 millones.

Todas las multas solicitadas por José de la Mata deberán ser "afianzadas" de forma inmediata, en cinco días, "bajo apercibimiento de que, de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir las sumas fijadas". La decisión del instructor ha sido la de sentar en el banquillo al "equipo de confianza" de Fernández de Sousa. "Eran, junto a él, los máximos responsables de la elaboración de la información financiera y de la contabilidad de la entidad y su grupo de empresas". Solo se ha librado Jesús García, otrora fiel escudero del expresidente de la pesquera y apartado de la causa durante la investigación. No ha corrido la misma suerte el que había ocupado el cargo de consejero delegado de Pescanova hasta 2003, Alfonso Paz-Andrade, a quien el magistrado pide 10 años y medio de prisión y una multa superior a los cinco millones de euros. Al igual que Sousa, el empresario deberá responder de forma solidaria para indemnizar a los fondos que confiaron en la veracidad de las cuentas de Pescanova cuando éstas ya eran un fraude: Luxempart, Damm, Cartesian Capital Group y Golden Limit. Esta última sociedad, curiosamente, es propiedad de otro de los imputados, el exconsejero José Antonio Pérez-Nievas, que dos días antes del preconcurso vendió acciones por 1,8 millones. De haberse deshecho de ellas más adelante habría perdido 1,4 millones, de ahí que se le impute un delito de uso de información relevante con una pena de dos años (que no cumplirá, si fuera condenado, si no tiene antecedentes).

En el círculo de exconsejeros que irán al banquillo figuran por último un hermano y un hijo de Fernández de Sousa, Fernando y Pablo, respectivamente, que suman una petición de 18 años de cárcel y multas de un millón. A ellos se suma otra docena de imputados.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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