15 de junio de 2018
15.06.2018

Pescanova SA falsificó facturas por más de 3.000 millones para lograr crédito bancario

La venta "virtual" de pescado, bajo la "dirección última" de Sousa, solo se paró cuando pidió el concurso - "Los acusados acordaron ocultar el importe real de deuda"

15.06.2018 | 03:51
Pescanova SA falsificó facturas por más de 3.000 millones para lograr crédito bancario

Sábado, 6 de abril de 2013. Manuel Fernández de Sousa, todavía presidente de Pescanova, escribe a un confidente: "Aún no pasé el umbral de que se sepa la realidad de nuestro balance". No se destaparía el grueso del problema hasta meses después, con el informe forensic de KPMG; la realidad ha aflorado ahora, cinco años después de la solicitud de concurso, con el auto de apertura de juicio oral emitido por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El documento judicial, con el que envía al banquillo a 19 exconsejeros, exdirectivos y la auditora BDO, fue anticipado ayer en exclusiva este diario. El magistrado reclama a los acusados penas que suman 164 años de prisión, multas de 33 millones de euros y fianzas por responsabilidad civil de otros 760. Auto que constata que Pescanova falseó sus cuentas desde al menos 2009 con una "perfecta estructuración" de prácticas fraudulentas "siempre bajo el control último del presidente Manuel Fernández de Sousa". Así, prosigue el auto, "decidieron ejecutar prácticas irregulares [...] para seguir obteniendo financiación". Entre ellas la creación de una red de empresas instrumentales con las que se emitieron facturas falsas por más de 3.000 millones de euros.

Estas compañías -dieciséis en total, casi todas creadas el mismo día- "actuaron como supuestos clientes y proveedores con el fin de generar facturación ficticia susceptible de descuento bancario y contabilizar resultados inexistentes", señala el documento. De acuerdo al escrito de acusación del fiscal Juan Pavía, suscrito íntegramente por el magistrado instructor, la "facturación ficticia" arrancó en 2007 con más de 68 millones de euros de pescado virtual, y se mantuvo año a año hasta superar los 650 millones en 2012. Era una operativa de compra y venta de productos que nunca entraron o salieron del almacén, pero que permitió a Pescanova obtener liquidez cuando el afán inversor con el que se expandió por medio mundo le salió mal y la banca empezó a sufrir un colapso global. "Este flujo financiero circular -sin movimiento alguno de mercancía- se mantuvo hasta que se conoció la situación de insolvencia" y se extendió a su mayor filial, Pescafina. Solo esta subsidiaria emitió facturas falsas por más de 530 millones en 2011 y 2012.

El escrito del fiscal sostiene que la multinacional "proporcionaba los fondos necesarios a los administradores" de esas empresas instrumentales, y se hacía cargo del IVA o el Impuesto de Sociedades. Los directivos de estas empresas, imputados en la causa, percibían a cambio una comisión. Este extremo ya había quedado probado en la investigación de KPMG, que desveló correos electrónicos elocuentes al respecto. "En lo referente al margen, lo pactado con el Sr. Táboas eran 18.000 euros anuales por sociedad en funcionamiento", escribió en diciembre de 2008 uno de estos hombres de paja, Manuel López, a Ángel González (jefe de Contabilidad). Estos tres nombres figuran entre las 19 personas físicas que deberán sentarse en el banquillo por falseamiento de cuentas, falsedad en documento mercantil, estafa e insolvencia punible.

En el auto de apertura de juicio oral José de la Mata expone que "esta práctica era tan evidente que, en el mes de marzo de 2013, tras hacerse pública la situación del Grupo Pescanova", su mayor filial "tuvo que anular facturas de venta a esas sociedades por más de 60 millones de euros que no correspondían a operación alguna". La "dirección última" de toda esta operativa, y así lo repite en varias ocasiones el magistrado, correspondía a Manuel Fernández de Sousa. A él le pide 31 años de prisión, una multa de 22,24 millones de euros (a afianzar en cinco días), además de fianzas solidarias de responsabilidad civil que superan los 323 millones. Según fuentes de la acusación consultadas por este periódico, el juicio no se celebrará previsiblemente hasta mediados de 2019.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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